Los inmigrantes en situación irregular pagan lo mismo por los medicamentos que los residentes que cobran menos de 18.000 euros al año, pero no siempre tienen las mismas facilidades
Los inmigrantes en situación irregular pagan un 40% de los medicamentos, al igual que los residentes con rentas inferiores a 18.000 euros al año. Pero, a la práctica tienen dificultades para acceder a la sanidad pública.
¿Qué se ha dicho?
Que los inmigrantes en situación administrativa irregular una vez llegan a España pasan al sistema sanitario con un descuento del 40% en medicamentos.
¿Qué sabemos?
Los inmigrantes en situación irregular pagan un 40% de los medicamentos, al igual que los residentes con rentas inferiores a 18.000 euros al año. Pero, a la práctica tienen dificultades para acceder a la sanidad pública.
Se ha hecho viral un mensaje que asegura que los inmigrantes en situación administrativa irregular tienen un descuento en medicamentos del 40%. Realmente los extranjeros que no tienen la residencia pagan un 40% del precio de los medicamentos, según la modificación de 2018 de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, lo mismo que las personas con residencia que tienen rentas inferiores a 18.000 euros al año, independientemente de que tengan o no la nacionalidad.
No obstante, en muchas comunidades autónomas las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España no pueden acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones que las personas residentes. Según una investigación de la plataforma en defensa del acceso a la sanidad pública Yo Sí Sanidad Universal, en 14 comunidades autónomas los extranjeros en situación irregular están excluidos de la prestación pública durante los primeros tres meses. Cataluña, por cierto, no es una de ellas.
¿Sabía que los inmigrantes ilegales una vez llegados a España pasan al sistema sanitario con un descuento en medicamentos del 40%? Pagado con tus impuestos."
El mismo descuento que los residentes con rentas bajas
La ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez en 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud modificaba la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios de 2015, que establece los precios que deben pagar los usuarios por los medicamentos.
Según esta modificación, que pretendía dar a las personas en situación irregular "el necesario acceso a la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones", desde el año 2018 las personas "no registradas ni autorizadas como residentes en España" pagan un 40% del precio de los medicamentos (artículo 102.5 punto E).
Es decir, pagarán lo mismo que los residentes con rentas inferiores a 18.000 euros. Las personas que estén entre los 18.000 y los 100.000 euros pagan un 50% del precio de venta al público y las que superan los 100.000 euros pagan el 60%.
Las personas que tienen el mayor descuento, es decir, que pagan menos, son los pensionistas y sus beneficiarios, un 10% del precio de los medicamentos, siempre que no tengan rentas superiores a 100.000 euros, como establece el mismo artículo 102 de la ley de 2015.
La modificación de 2018 no sólo cambiaba este acceso a los medicamentos, sino que también cambiaba la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud explicitando que las personas en situación administrativa irregular "tienen derecho a la protección de la salud y de la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española" (artículo 3 ter). Esto cambiaba después de que en el año 2012 la ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud dejara "fuera de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España", como detalla la ley de 2018.
Dificultades para ir al médico
Pese a buscar el objetivo de conseguir la universalidad de la sanidad con la ley de 2018, el Ministerio de Sanidad publicó un documento de recomendaciones para interpretar la ley en el caso de las personas extranjeras en situación irregular y eso ha dado pie a diferencias entre las comunidades autónomas. Este documento de recomendaciones pide el empadronamiento de la persona en España al menos tres meses antes de acceder al médico de forma gratuita, a excepción de las urgencias.
Este matiz en la recomendación del ministerio ha dado pie a que en 15 comunidades autónomas facturen o puedan facturar a los pacientes para ir al médico en un centro público y que en 14 comunidades los extranjeros estén excluidos de la prestación pública en los tres primeros meses desde su llegada al país, según una investigación realizada por la plataforma en defensa del acceso a la sanidad pública Yo Sí Sanidad Universal. Esto hace que ir a urgencias sea la única vía de acceso a la sanidad pública por muchos extranjeros que se encuentran en esta situación, según detalla la entidad. Esta es una fuente de parte, que se dedica a defender el acceso universal al sistema sanitario para todos y denuncia los casos en que se vulneran los derechos de los extranjeros.
Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades donde las personas en situación irregular sí tienen acceso a la cobertura pública durante los tres primeros meses, ya que no piden los tres meses de empadronamiento, según la misma investigación realizada la por la plataforma.