La inmigración no dispara el gasto público, como dice la concejala de Ripoll Sílvia Orriols
Los inmigrantes aportan más de lo que reciben en la economía española, según varios estudios. Además, tampoco existe una relación entre la llegada de inmigración y el gasto social.
¿Qué se ha dicho?
La inmigración multiplica y dispara el gasto público.
¿Qué sabemos?
Los inmigrantes aportan más de lo que reciben en la economía española, según varios estudios. Además, tampoco existe una relación entre la llegada de inmigración y el gasto social.
La concejala de Aliança Catalana en el Ayuntamiento de Ripoll, Silvia Orriols, afirmó en un tuit que "la inmigración multiplica y dispara el gasto público". Es FALSO. Varios estudios realizados a nivel estatal y europeo lo desmienten y sólo un 5,7% de los usuarios de la red pública de centros de servicios sociales son extranjeros, refugiados y exiliados, según datos del ejercicio 2017-2018 del informe anual del Defensor del Pueblo de 2019.
Los inmigrantes no hacen un sobreúso del Estado del bienestar y de las prestaciones sociales, según el estudio Inmigración y Estado del Bienestar en España publicado por CIDOB en 2017. Sin embargo, esta evidencia ya hace tiempo que existe. Un estudio similar realizado en 2011 por la Fundación La Caixa llegaba a conclusiones similares. A nivel internacional, una investigación que analizó 21 países de la OCDE entre 1980 y 2010 concluyó que no existe una relación entre la llegada de inmigración y el gasto social a corto plazo y tampoco encontró evidencia de que aumente a largo plazo.
“Yo digo que la inmigración multiplica y dispara el gasto público. Educadores cívicos, asistentes de bienestar social, policías, funcionarios de prisiones… ¿Deberíamos necesitar tantos, si no fuera por la inmigración?”
Silvia Orriols, concejala Ayuntamiento de Ripoll
Aportan más de lo que reciben
El impacto de la inmigración sobre las cuentas públicas españolas es "claramente positivo", como apunta un estudio realizado por politólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de Ámsterdam. Pero es posible que este impacto positivo no siempre sea visible en el ámbito local o autonómico “porque puede haber un desajuste entre los recursos fiscales generados por la inmigración y los gastos derivados del incremento de la demanda de algunas políticas sociales en territorio”.
La misma investigación explica por qué ocurre esto: los ingresos que generan los inmigrantes los recauda mayoritariamente el Gobierno central a través del sistema de Seguridad Social, mientras que el gasto en servicios públicos lo realizan mayoritariamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Tres estudios publicados por el centro de análisis Funcas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y el Consejo Económico y Social de España (CES), que analizan los ingresos y gastos que suponen los inmigrantes en el suyo conjunto, concluyen que el balance es “positivo”: aportan más de lo que reciben. El estudio publicado por el CES muestra que en 2009 los extranjeros aportaban 8.080 millones de euros, unos 2.000 millones más que el gasto social asociado a la inmigración.
No hacen un sobreúso de las prestaciones sociales
Una de las falsas creencias sobre los inmigrantes es que acaparan las prestaciones de servicios sociales, como explica y desmiente el informe de 2019 del Defensor del Pueblo. Los extranjeros no realizan un sobreúso de las prestaciones sociales, como la sanidad, sino que hacen un uso similar o inferior al de la población nacional, según apunta en sus conclusiones un estudio del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB) de 2017 (página 20).
De hecho, un estudio realizado por los propios investigadores del CSIC y de la Universidad de Ámsterdam mencionados anteriormente calculó el gasto educativo y sanitario dedicado a la población migrante entre 2000 y 2007 y los resultados fueron similares a la investigación más reciente del CIDOB. El gasto en sanidad y educación aprovechado por personas inmigrantes en Cataluña y en España era inferior al peso que tenían en ese momento los extranjeros en la población.
Los extranjeros eran un 13,5% de la población en Cataluña y suponían un 8,4% del gasto en educación y un 7,4% del gasto en sanidad. De hecho, el gasto en sanidad es superior en los grupos de población de mayor edad, donde el porcentaje de inmigrantes mayores de 65 años es aún menor (un 2% en 2007 y un 3,7% en 2021). Por lo que se refiere a la educación, aunque las personas extranjeras tienen de media más hijos que los españoles (1,37 hijos de mujeres extranjeras y 1,14 hijos de mujeres españolas), los nativos son mayoría en las escuelas públicas (82 ,3%).
Los propios autores actualizaron esta investigación en el 2020 y la conclusión seguía siendo la misma. Tras la crisis económica de 2008, en la que la proporción de gasto social atribuida a la población inmigrante incrementó -de representar un 11,2% de los beneficiarios de rentas mínimas de inserción en España en 2008 a representar el 22,6% 2017- se siguió manteniendo su impacto positivo en la balanza fiscal. Esto ocurre, sobre todo porque el 74% de las personas de nacionalidad extranjera son población activa y hay un bajo número de extranjeros en edad de recibir prestaciones contributivas (3,7% mayores de 65 años en 2021).
El informe anual del Defensor del Pueblo de 2019 habla todavía de menos usuarios extranjeros en la red pública de centros de servicios sociales: solo un 5,7% no tienen nacionalidad española, según datos del ejercicio 2017-2018 (505.135 usuarios inmigrantes y 2.474 refugiados). Sin embargo, el mismo informe argumenta que es muy complicado cuantificar en qué medida las ayudas de servicios sociales se destinan a extranjeros.
Menos acceso a ayudas sociales
El falso rumor de que los inmigrantes reciben más de lo que aportan tampoco se cumple con respecto a las prestaciones monetarias, es decir, aquellas ayudas económicas en materia de paro, asistencia social o pensiones, entre otras.
El propio estudio de CIDOB, basado en datos de 2014, llegaba a la conclusión de que los inmigrantes tienen un 4,7% menos probabilidades que los nativos de recibir prestaciones sociales monetarias. El cálculo se reduce hasta el 4,3% si se excluyen las pensiones y prestaciones por desempleo. Por tanto, los inmigrantes “a pesar de tener rentas más bajas, tienen menos acceso a las ayudas sociales”, en parte por la dificultad de acceder a ellas, según detalla la investigación (página 13).
Otra investigación a nivel internacional también demuestra que la inmigración no "dispara el gasto público", como dice Orriols. El estudio analiza 21 países de la OCDE entre 1980 y 2010 y concluye que no existe una relación entre la llegada de inmigración y el gasto social a corto plazo y tampoco existe evidencia de que aumente a largo plazo.
"El efecto llamada" tampoco está demostrado
El argumento contrario a que los inmigrantes acaparan gran parte de las ayudas y servicios del Estado es que estos vienen a España precisamente con la idea de beneficiarse de sus prestaciones. Es decir, que las políticas españolas en materia de prestaciones sociales atraen a más inmigrantes porque, supuestamente, estos se ven beneficiados. Pero ese “efecto llamamiento” no está demostrado, como ya explicamos en un artículo de El Periódico y también desmiente la investigación de CIDOB