Asaltar o paralizar instalaciones de transporte no constituye «terrorismo» según la legislación europea, al contrario de lo que afirma García-Margallo

El diputado del PP en el Parlamento Europeo José Manuel García-Margallo ha afirmado, en una entrevista en el programa Café de Ideas, de RTVE, que «la legislación europea establece que el asalto o la paralización de instalaciones básicas para el transporte» son actos de «terrorismo».

Sin embargo, la legislación europea no determina específicamente que interferir en las instalaciones básicas de transporte constituya un acto terrorista, sino que establece unos supuestos distintos a los que hace referencia Margallo en los que el juez deberá determinar si un acto es condenado por terrorismo. La directiva europea hace referencia en su artículo número 3.1.d a las «destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras […] que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico». Te lo contamos.

«La legislación europea establece que el asalto o la paralización de instalaciones básicas para el transporte constituyen terrorismo«

José Manuel García- Margallo (PP)

La legislación europea, regulada por la directiva  2017/541 del Parlamento Europeo y el Consejo, no identifica ninguna acción, por sí misma, como acto terrorista. El texto estipula que algunos crímenes — que no incluyen explícitamente asaltar o paralizar instalaciones de transporte — deben considerarse actos terroristas si se llevan a cabo con un objetivo terrorista, que puede ser intimidar a una población, obligar a realizar o detener actos de gobierno u organizaciones internacionales, o desestabilizar estructuras fundamentales de un país o entidad internacional.

La directiva no establece que ningún acto por sí mismo se pueda considerar terrorismo, sino que lista una serie de “crímenes serios” que un juez puede considerar como terroristas solo si se llevan a cabo con ese objetivo. Los únicos dos «crímenes serios» relacionados con el transporte al que hace referencia son causar «destrucciones masivas» a un sistema de transporte que pueda «poner en peligro la vida humana o provocar pérdidas económicas importantes» y la captura de aeronaves, barcos u otros medios de transporte público o de mercancías.

Para determinar que el objetivo de un acto es terrorista, la directiva prevé tres supuestos:

• Intimidar en serio a una población.
• Obligar indebidamente a un gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto.
• Desestabilizar en serio o destruir estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o una organización internacional.

En otra directiva europea (2022/2557), relativa a la resiliencia de las entidades críticas, los aeropuertos son considerados como sector crítico, puesto que a causa de la importancia estratégica que tienen estas infraestructuras suelen convertirse en blancos de ataques terroristas o acciones delictivas, según explica a Verificat el vicedecano de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universitat Abad Oliva CEU y Director de Estudios de Criminología y Seguridad, Francisco Villacampa.

Según relata Villacampa, es «plausible» que la declaración se haya realizado haciendo una interpretación «amplia» del contenido de ambas directivas europeas. Desde Verificat nos hemos puesto en contacto con el equipo de prensa del eurodiputado, pero en el momento de publicar esta verificación no habíamos obtenido respuesta.

Protestas contra la sentencia del ‘procés’ en 2019

La causa judicial de Tsunami Democràtic, que investiga al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, se reabrió en otoño de 2023. La entidad es investigada por las movilizaciones de protesta contra la sentencia del procés, concretamente las del aeropuerto de El Prat y el corte de la AP-7 en La Jonquera. El magistrado en su auto de principios de noviembre ponía el foco en la toma del aeropuerto de El Prat y el intento de bloqueo de la torre de control del mismo, según detallaba Europa Press. Una investigación que han apoyado la mayoría de fiscales del Supremo, según se ha anunciado el mismo día en el que se publica esta verificación.