Ni las ayudas sociales ni las regularizaciones generan un «efecto llamada»: los estudios lo desmienten

El alcalde de Vic, Albert Castells (Junts), ha asegurado en una entrevista en “El Matí de Catalunya Ràdio” de 3Cat (minuto 21:42) que las ayudas sociales generan un “efecto llamada” entre los extranjeros para que quieran venir a vivir al Estado español. De manera similar, el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, también de Junts, atribuía a principios de abril este “efecto llamada” a políticas como las regularizaciones extraordinarias, en una entrevista al Diari de Girona.

A escala estatal, también han pronunciado críticas similares el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, miembros de su partido como la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, o el presidente de Vox, Santiago Abascal, y miembros de su partido. De acuerdo con la evidencia científica disponible, es FALSO.

Ningún estudio demuestra que las regularizaciones extraordinarias de personas migrantes en situación irregular ni las ayudas sociales afecten a los flujos migratorios hacia España. De hecho, los análisis muestran que los flujos varían, sobre todo, en función del ciclo económico en España. Es decir, cuanto mejor va la economía española, más migrantes llegan, pero no es un “efecto llamada” a raíz de las ayudas sociales. También apuntan que influyen factores negativos en países de origen, como crisis económicas, desastres naturales o conflictos.

«¿Por qué está funcionando el efecto llamada? […] El sistema social debe paliar puntualmente la situación familiar. Cuando se convierte en una situación en la que desde fuera del sistema percibes más ayudas de la administración que cuando cotizas en una fábrica…»

Albert Castells, alcalde de Vic

«A veces me parece que determinadas políticas o anuncios generan un efecto llamada. […] En España periódicamente se hacen estas regularizaciones masivas, lo que da más facilidades a la gente que se va de los países de origen.»

Jordi Masquef, alcalde de Figueres

La crítica por el supuesto “efecto llamada” es una narrativa habitual que retrata a los migrantes como receptores privilegiados de las ayudas sociales, una idea que se ha intensificado con la aprobación e inicio de la regularización de personas extranjeras. En Verificat hemos desmentido anteriormente desinformación sobre el número de personas que se podrá beneficiar del procedimiento extraordinario y sobre los requisitos para acceder a la regularización.

Los estudios y los datos apuntan que las regularizaciones anteriores no han generado un efecto llamada

Antes de la de este año, en España ha habido seis regularizaciones extraordinarias: tres aprobadas bajo el gobierno de Felipe González (PSOE) en 1986, 1991 y 1996; dos bajo José María Aznar (PP) en 2000 y 2001; y una bajo José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2005. En total, beneficiaron a 1,25 millones de personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tras las regularizaciones de 2000 y 2001, las llegadas de extranjeros fluctuaron: subieron ligeramente y después bajaron. En 2006 volvieron a aumentar, y se atribuyó a la regularización la llamada “crisis de los cayucos” en Canarias (durante la cual llegaron 39.000 personas a las costas españolas, un 6% del total de extranjeros de ese año, según datos del INE y el Defensor del Pueblo), pero no se puede establecer una relación directa entre estos hechos, como hemos explicado anteriormente en Verificat.

Un estudio de 2015 de la Universidad de Zaragoza concluyó que esta última regularización «no tuvo un efecto significativo sobre el porcentaje de población extranjera en España«, y que, en todo caso, el aumento de población extranjera fue el resultado de un proceso «de recuperación». Es decir, alcanzó los niveles esperables de inmigración propios de un «país con características socioeconómicas similares».

Otro estudio de 2025, elaborado por economistas de tres universidades catalanas y publicado en el Journal of Labor Economics, también sobre los datos de la regularización de 2005, concluye que «la política no condujo a ningún efecto llamada«. Aunque confirman un aumento de la población extranjera en 2006, indican que el ritmo fue similar entre los extranjeros de la Unión Europea y los extracomunitarios, a pesar de que quienes se beneficiaron de la medida fueron esencialmente los segundos. Es decir, la regularización no provocó cambios significativos en el ritmo de llegadas de personas migrantes.

Cristina Fernández, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de A Coruña, señala a Verificat que «no tiene demasiado sentido vincular las llegadas con la política interna española». Según explica, el factor clave es la situación en los países de origen, y en el caso de Canarias en 2006 apunta a factores como la crisis en Senegal, condiciones marítimas favorables y el cierre de rutas más cortas hacia Europa por el endurecimiento del control fronterizo en el Mediterráneo.

Más allá de investigar la plausibilidad de un efecto llamada, el estudio de 2025 del Journal of Labor Economics también analizó cómo influyó la regularización en el mercado laboral y la economía. Observó un aumento de las oportunidades laborales para los migrantes, así como un mayor número de trabajadores con contrato en este grupo. Sin embargo, registra un aumento del trabajo informal entre trabajadores migrantes y españoles poco cualificados. Finalmente, también documenta un incremento en la recaudación de impuestos de “alrededor de 4.000 euros por migrante regularizado, sin encontrar evidencia de un aumento en el gasto público”.

A escala global, también coincide un estudio preliminar (que aún no ha sido validado por pares) de Paúl Elguezabal, investigador de Migraciones en la Universidad de Göttingen (Alemania), e Inmaculada Martínez-Zarzoso, doctora en Economía y profesora en la Universitat Jaume I. Publicado en International Network for Economic Research, analizó los países de la OCDE de 2024 y concluyó que las “regularizaciones no parecen ser un factor de llamada para todos los países de la OCDE en promedio”.

En el grupo de países en el que incluye a España, identifica que “la calidad de las instituciones y las capacidades de aplicación de las normas (como los controles fronterizos) en los países más ricos podría compensar un factor de llamada de las políticas de regularización y explicar por qué no aumenta un flujo de inmigración futuro” como esperan ciertos políticos.

Una investigación de 2025 de la organización de defensa de los derechos humanos en migración PICUM, explica que “no hay evidencia consistente de que los mecanismos o programas de regularización por sí solos atraigan a personas hacia ciertos países y no hacia otros”. Aclara que “aunque la percepción de los migrantes sobre las políticas migratorias influye en su toma de decisiones, los flujos migratorios están principalmente influenciados por oportunidades económicas, redes familiares y sociales, así como por las aspiraciones individuales, más que por la existencia de regularizaciones”.

Por otra parte, un estudio del mismo año dentro del proyecto MIrreM, dirigido por la Universidad for Continuing Education Krems para estudiar los mecanismos de regularización en Europa, interpretó la afirmación de que las regularizaciones llevan a un efecto llamada sobre el ejemplo de Irlanda en 2022. El resultado fue nulo, es decir, no da apoyo a esta hipótesis, y los investigadores explican que tiene tres posibles interpretaciones: “el efecto llamada no existe, o bien queda enmascarado por choques contemporáneos, o bien los efectos operan en poblaciones o escalas de tiempo que nuestros datos no pueden capturar”.

Los aumentos de llegadas de migrantes están vinculados a un mejor estado de la economía

La migración en España sigue de cerca el ciclo económico del país: cuando la economía crece, llegan más inmigrantes; cuando empeora, llegan menos, según explica el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2019. Así, podemos observar que las oscilaciones del Producto Interior Bruto (PIB) de España coinciden con las variaciones en la población extranjera que recoge el INE, donde aparecen migrantes en situación regular e irregular.

También influye la demanda de empleo, tanto en los países de origen como en los de destino. En la comparación entre la tasa de paro y los flujos migratorios legales, según un artículo del Banco de España de 2014 que establece que “los extranjeros de países donde las tasas de desempleo son más elevadas son quienes tienen una mayor propensión a abandonar su país con destino a España” y añade que “los flujos de entrada de extranjeros tienden a ser superiores hacia las regiones con tasas de paro menos elevadas”.

En el conjunto de España, el Banco de España muestra que, cuando sube la tasa de paro, baja la llegada de extranjeros, y viceversa. Coincide una investigación de Eiko R. Thielemann, profesor asociado de Ciencia Política y Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science, que identifica que aquellos países de la OCDE con menor desempleo y más oportunidades de trabajo reciben un mayor número de solicitudes de asilo.

Las medidas de retorno, restricción de movimiento o eliminar ayudas con dinero no han tenido efectos en las solicitudes de asilo

Una investigación de 2015 del Overseas Development Institute (Reino Unido) estudió los motivos detrás de la decisión de las personas de migrar irregularmente a Europa desde Siria, Afganistán, Eritrea, Somalia y Etiopía. “Los motivos son múltiples y cambiantes”, explican, y pueden ser “políticos, económicos, sociales y ambientales”.

Así, a la hora de decidir migrar, el estudio coincide en que los migrantes tienen en cuenta factores como un gobierno represivo y la falta de oportunidades económicas, pero también el hecho de abandonar familia y amigos para probar suerte en un país desconocido. También ayuda a decidirse a hacer el trayecto, explican, si en el país de origen existe una “cultura de migración”, es decir, se normaliza y casi se espera que las personas migren para contribuir a su comunidad.

Además, apunta el estudio, es indispensable tener los medios económicos necesarios para marcharse, así como poder acceder a un sistema de transporte disponible y en funcionamiento. “No son los individuos de las familias más pobres los que migran hacia Europa”, explican, “sino aquellos que tienen recursos suficientes para pagar el viaje”. Por ello, el análisis define la migración como un “esfuerzo colectivo de familias y amigos”, que contribuyen económicamente al trayecto con la esperanza de poder recibir remesas en el futuro.

Finalmente, la investigación apunta como factor relevante la presencia y profesionalización en las redes de mafias y traficantes de migrantes, aunque, como hemos explicado en Les mentides alimenten l’odi, el tráfico es “una reacción a los controles fronterizos, y no la causa de la migración ilegal”, según constata el sociólogo Hein de Haas en el libro How Migration Really Works (2023).

La política de control fronterizo y de asilo del país de destino afectan a la hora de elegirlo como destino, pero, explican, es “poco probable que influyan en la cantidad de gente que migra”.

De hecho, los investigadores apuntan que diferentes estudios han observado que “aumentar las restricciones de la política de asilo reduce el número de solicitudes de asilo, pero también aumenta el número de personas migrando irregularmente”. Coincide en esta conclusión el estudio de Thielemann, según el cual “no hubo un efecto significativo sobre las solicitudes de asilo” a raíz de políticas de retorno a los considerados países seguros, políticas de restricción de movimiento dentro del país de destino o políticas de cambiar ayudas sociales en forma de dinero por un sistema de vales.

Las ayudas sociales no se dan por nacionalidad

Los mensajes sobre el efecto llamada suelen ir acompañados de críticas al sistema de ayudas sociales. Afirman que las personas migradas, incluso las que se encuentran en situación administrativa irregular, tienen un privilegio a la hora de recibir ayudas. Las ayudas sociales no se dan por nacionalidad o lugar de nacimiento, de manera que migrar a España no es una garantía automática para recibir ninguna, como hemos explicado anteriormente en Verificat en el portal Les mentides alimenten l’odi.

Para acceder al Ingreso Mínimo Vital es necesario acreditar al menos un año de residencia en España y situación de vulnerabilidad. En Catalunya, la Renta Garantizada de Ciudadanía exige residencia y dos años de empadronamiento, y las ayudas al alquiler también requieren residir y justificar la necesidad.

Las personas extranjeras con residencia legal tienen acceso a las mismas prestaciones que los españoles, aunque no pueden votar ni acceder a ciertas plazas públicas. En cambio, las personas en situación irregular quedan fuera de la mayoría de ayudas, pero pueden recibir asistencia humanitaria o solicitar asilo, como explicamos en Les mentides alimenten l’odi.

En cualquier caso, todas las personas tienen derecho a la sanidad, y los menores a la educación pública, siempre que estén empadronados, según la ley 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.

Según un estudio de la Fundación ISEAK, que evalúa el impacto de políticas públicas, una parte de la población española sobreestima la proporción de personas migrantes que reciben ayudas sociales, que en realidad es el 11%.