Los documentos del 23F se han mantenido en secreto casi medio siglo por una ley franquista

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en un mensaje en X que este martes, 24 de febrero, su gobierno desclasificará los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para «saldar una deuda histórica con la ciudadanía». El presidente ha remarcado que «las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre». ¿Por qué los documentos oficiales del 23F han permanecido en secreto casi medio siglo? ¡TE LO EXPLICAMOS!

Los documentos del 23F han sido clasificados como secretos durante 45 años. Detrás de esto hay una ley aprobada durante el franquismo, en 1968, reformada puntualmente en 1978, y que no fija ningún plazo para desclasificar los documentos.

Los secretos oficiales son aquellos documentos, datos, informaciones u objetos que se tipifican como “materias clasificadas”, según esta ley (artículo 2), y cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede “poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

La legislación dicta que las materias clasificadas no pueden ser “comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites” que fija la ley, y establece que vulnerar estas restricciones será sancionado penalmente (artículo 13).

El Decreto de 1969 amplió el contenido de la ley del año anterior. El artículo tercero indica que la autoridad encargada de la clasificación «indicará el plazo de duración de ésta», sin que fije ningún plazo para la desclasificación automática, abriendo la puerta a mantener los secretos oficiales indefinidamente. La reforma de 1978 tampoco introdujo ningún plazo para desclasificar secretos.

Caducidades de los secretos en el entorno europeo

En la mayoría de los países europeos, la constitución otorga a los gobiernos el poder para imponer el secreto oficial o secreto de Estado a ciertos asuntos por asuntos como la seguridad pública, seguridad nacional y el orden público, entre otros, tal y como recopiló Newtral, miembro como Verificat de las redes internacionales de verificadores.

Sin embargo, la mayoría de los Estados europeos, y también los Estados Unidos, establecen un período de unas décadas después del cual deben desclasificarse los secretos, a diferencia de la ley española.

• Francia: acceso después de 50 años a los documentos que comprometen la seguridad nacional, o de 100 años si afectan a la seguridad de individuos mencionados o fácilmente identificables.
• Alemania: plazo de 30 años, siempre que no requiera una extensión, pudiendo alargarse hasta 60 años.
• Reino Unido: límite de 20 años para desclasificar documentos, con excepciones relacionadas con la protección de la seguridad del Estado
• Estados Unidos: plazo de reserva de 25 años para secretos oficiales, prorrogables un máximo de 50 años adicionales.

No sabemos cuántos secretos hay clasificados

No existe un registro de los materiales clasificados por la ley de secretos oficiales. En 2020, el Ministerio de la Presidencia recibió una petición de información pública para saber «todos y cada uno de los acuerdos de la declaración de secreto oficial firmados por el Consejo de Ministros entre 1976 a 2019», pero la petición fue desestimada.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el encargado de gestionar las reclamaciones que vulneren la Ley de Transparencia (artículo 24), emitió una resolución que negaba el acceso a este listado, en parte amparándose en la ley de 1968.

Al igual que ocurre con el 23F, existen multitud de secretos oficiales que dificultan la labor de los historiadores, tal y como explicó el diario El País en un artículo el año pasado. Los historiadores a menudo deben acudir a archivos extranjeros para reconstruir la historia reciente de España.

En todo caso, el anuncio de este lunes de Sánchez en un principio sólo afecta a los documentos relativos del golpe de Estado del 23F, y todavía no se sabe qué documentos serán los clasificados. La única información oficial que se sabe hasta la fecha de esta publicación es el mensaje del presidente en su cuenta de X.

Un proyecto de ley para reformar la ley de 1968

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de julio un proyecto de ley para reformar la Ley de Información Clasificada que, entre otros cambios, contempla plazos fijos para desclasificar documentos oficiales. Sin embargo, los proyectos de ley deben pasar por el Congreso de Diputados para que sean aprobados. En el momento de publicación de este artículo, el proyecto está disponible en el portal de transparencia del Gobierno de España bajo el nombre de «Proyecto de Ley de Información Clasificada».

El nuevo texto contempla que la información se desclasificará «en el momento en que desaparezca la amenaza o el perjuicio para la seguridad o defensa nacional» y, en todo caso, la clasificación no podrá superar ciertos plazos fijados por ley, que varían según el grado de protección de cada documento, tal y como recoge el artículo 16 del proyecto.

Entre los clasificados como «alto secreto», se desclasificarán después de 45 años, con una única prórroga posible de 15 años añadidos. Para los documentos secretos, el plazo será de 35 años, con una posible prórroga de 10 años más. Para los «confidenciales», será entre siete y nueve años no prorrogables. Por último, para los “restringidos”, será entre cuatro y cinco años no prorrogables.

En todo caso, la autoridad tendría competencias para reclasificar un documento “motivadamente y de forma excepcional” si perdura “la amenaza o perjuicio para la seguridad y defensa nacional” (artículo 19), cuya clasificación deberá revisarse anualmente.

En los últimos 20 años, el PNV ha impulsado en todas las legislaturas en el Congreso, en seis ocasiones (en los años 2023, 2019, 2019, 2016, 2016 y 2014), proposiciones para reformar la ley de 1968, sin que la iniciativa haya prosperado, tal y como recoge el buscador de iniciativas de la cámara baja. También lo hicieron Izquierda Unida, ICV y el CHA en otra proposición de ley en 2014. Todas estas proposiciones siempre han planteado un período de entre 25 y 30 años para desclasificar los documentos.