Política, Ciutadans, PP

La inhabilitación de Torra empezó con una denuncia de Ciudadanos, no del PP ni de Vox

La sentencia en la que el Tribunal Supremo ratifica la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, tuvo el origen en una denuncia de Ciudadanos a la Junta Electoral Central (JEC) y no del Partido Popular, como ha dicho su presidente, Pablo Casado, en una entrevista en Onda Cero y el mismo partido en Twitter; o de Vox, como se ha atribuido el partido de manera reiterada tanto en el Congreso de los Diputados como las redes sociales.

"La inhabilitación de Torra es posible gracias a una denuncia del PP a la Junta Electoral Central"

De hecho, en Twitter hay incluso una competición para que los usuarios voten si fue "gracias al PP" o "gracias a Vox". Pero, qué pasó realmente?

Durante las semanas previas a las elecciones generales de abril de 2019, Ciudadanos denunció a la Junta Electoral Central (JEC) que en la fachada del palacio de la Generalitat colgaban símbolos que pedían la libertad de los "presos políticos y exiliados" que, en periodo electoral, la formación consideraba partidistas. El 11 de marzo, el organismo dio la razón a Ciutadadanos y ordenó al presidente de la Generalitat la retirada "inmediata" de esteladas y lazos amarillos de cualquier edificio dependiente del gobierno catalán en un plazo máximo de 48 horas.

Torra no accedió a descolgar la pancarta en el plazo marcado y el 15 de marzo, los líderes de Ciudadanos Inés Arrimadas y Carlos Carrizosa presentaron una denuncia a la Fiscalía, según la querella que el mismo fiscal superior de Catalunya presentó al juez unos días después. En aquellas fechas, algunos medios recogieron que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también había denunciado Torra a la Fiscalía, pero no ha quedado reflejado ni en la querella ni en las sentencias contra el president de la Generalitat.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admitió a trámite la acusación el día 1 de abril de 2019, según dice sentencia. Vox se  sumó dos días después, el 3 de abril, como acusación popular.

Retirada del acta de diputado

El 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó al presidente a un año y medio de inhabilitación, una sentencia que el Tribunal Supremo acaba de ratificar. “La formación política Ciudadanos (...) presentó un escrito (...) a la Junta Electoral Central en qué expuso la presencia y exhibición en las fachadas principales de los edificios públicos dependientes de la Generalitat de Catalunya, desde tiempo atrás, símbolos como lazos amarillos, banderas esteladas o pancartas y eslóganes”, dice la sentencia del TSJC ratificada por el Tribunal Supremo este 28 de septiembre. El texto que convierte en firme la inhabilitación dictada en diciembre pasado por el TSJC no hace referencia en ningún momento al Partido Popular, como ha afirmado Casado.

Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Ciudadanos, PP y Vox pidieron la inhabilitación inmediata de Torra, a pesar de que la sentencia no era definitiva y el presidente tenía el derecho de presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo. La Junta Electoral Provincial de Barcelona desestimó el recurso a la espera de la ratificación de la condena, pero la Junta Electoral Central enmendó la decisión y ordenó la retirada del acta de diputado a Torra.

La JEC citaba la LOREG (la ley electoral), que dice en el artículo 6.2.b que los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público son ineligibles incluso cuando las penas no son firmes. En ninguno de los acuerdos (el 3 y el 23 de enero) en que pide retirar el acta de diputado a Torra el organismo cuestiona su continuidad como president de la Generalitat, decisión que dejó en manos del Parlament de Catalunya. El departamento de prensa de la JEC ha confirmado a Verificat que el PP solo ha sido involucrado en el proceso de inhabilitación de Torra precisamente cuando pidió su inhabilitación a la junta electoral después de la sentencia del TSJC.

El 27 de enero, el secretario general del Parlament dejó a Torra sin escaño. En el pleno de aquel mismo día, el president ya no pudo votar. Los servicios jurídicos del Parlament concluyeron que la pérdida de condición de diputado no implicaría que Torra dejara de ser presidente. Desde entonces, no ha votado en el pleno de Parlament, pero ha seguido ejerciendo de presidente de la Generalitat hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

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