Transparència

Justícia fraccionó “indebidamente” 829 contratos por 9,5 millones de euros entre 2015 y 2016

El informe de la Sindicatura de Comptes (SdC) sobre la contratación administrativa del departamento de Justícia concluye que esta conselleria realizó un "fraccionamiento indebido" de 829 contratos por un valor de 9,48 millones de euros (sin incluir IVA) entre 2015 y 2016. Tanto el nombre como el importe de las contrataciones analizadas fue muy superior en 2015, con Germà Gordó como conseller, que en 2016, cuando Carles Mundó lo sucedió en el cargo.

El fraccionamiento indebido vulnera el apartado 2 del artículo 86 del TRLCSP (Ley de Contratos del sector público), donde indica explícitamente que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su importe y eludir así los requisitos de publicidad o aquellos relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda". De acuerdo con la ley vigente en 2016, los contratos menores de obra no podían tener un valor superior a 50.000 euros mientras que el resto no podía costar más de 18.000 euros.

La mitad de los contratos de 2016 fueron menores

El trabajo de fiscalización de la sindicatura, publicado a finales de 2019, señala que la contratación menor supuso el 49,3% de todos los contratos adjudicados en 2016. Un total de 962 contratos por un importe de 7,03 millones de euros se hizo bajo esta modalidad. Las conclusiones del informe, sin embargo, se basan en el análisis de una muestra de 139 expedientes del ejercicio 2016 y muchos otros producto de la revisión del ejercicio 2015 para determinar si estos contratos menores se hicieron respetando la ley.

Fuen en el estudio detallado de estos expedientes donde la sindicatura detectó incidencias relacionadas con los objetos, el importe y la tipología de los 829 contratos. En base a esto, determinó que hubo "fraccionamiento indebido" y, por lo tanto, un incumlimiento de la legislación vigente. La cifra de los 829 contratos es la suma consolidada de todas las operaciones en las que la sindicatura detectó alguna reiteración.

El organismo de fiscalización considera que, en el caso del departamento de Justícia, esta fórmula se utilizó para "cubrir la insuficiencia de los medios necesarios en detrimento de la utilización de los procedimientos ordinarios establecidos en la normativa". El informe ha estado remitido al Tribunal de Cuentas, que dispone de un fiscal con competencias para trasladar los casos a la Fiscalía Anticorrupción si considera que puede haberse dado un delito de este tipo. El departamento de Justícia todavía no ha respodido a la petición de Verificat para saber si desde la Conselleria se ha tomado alguna decisión al respecto.

Pere Ruiz, presidente de la Comisión de Auditores del Sector Público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, afirma que este tipo de prácticas es menos usual dentro del sector público si se tiene en cuenta la normativa anterior, que es en la que se basa el informe y "que hacía una interpretación más flexible [menos estricta] del fraccionamiento" que la actual. Este experto sostiene que esta fórmula suele usarse para "agilizar el proceso administrativo" pero que también se dan casos en los que la motivación es "la voluntad de defraudar" para favorecer a una empresa determinada.

Servicio de limpieza, desinfección y seguridad

De las 829 contrataciones, los contratos relativos a los servicios de limpieza destacan por volumen de adjudicaciones y el importe total: 446 contratos atorgados a cuatro empresas diferentes y valorados en más de 5,57 millones de euros (5,03 millones en 2015 y 538.648 en 2016).

En relación con las adjudicaciones para los servicios de desinfección, dos empresas firmaron un total de 79 contratos por 331.138 euros, mientras que, en relación con las labores de seguridad, tres sociedades resultaron adjudicatarias de 127 contratos por un impuesto de 1,7 millones de euros. En el listado también figuran seis empresas adjudicatarias de 124 contratos para custodiar, recoger y destruir documentación judicial por un importe de 1,34 millones de euros.

Además, en la relación también figuran otros servicios como el diseño y procesamiento de una selección de personal, la custodia de efectos judiciales, el alquiler y depósito de vehículos, el transporte de personal de diversas poblaciones y centros penitenciarios, la rotulación de edificios judiciales y el suministro de equipamientos para centros penitenciarios.

Las 10 empresas que más cobraron

Por empresas, las que más cobraron fueron Multianau SL (4.039.482 euros), Ombuds Seguridad, SA (1.574.782) y KLE Servicios Integrales, SL (1.115.697). Tanto Multinau como KLE presentaron servicios de limpieza. Completan este ranquing de las sociedades: Ara Vinc, SL (de los 23 contratos firmados con esta empresa, 20 son por valor de 17.999 euros, un euro per debajo de la cifra que obliga a celebrar concurso público); Serveis de Personal i Neteja, SL; Serveis Antiplagues Higiene i Control Ambiental, SA; Ambilim, Professional Services, SA; Northgate España, SA; Aliance-Brothers, SL y Eco-Shredder Serveis, SL..

El anexo del informe detalla la letra pequeña de algunos de estos "fragcionamientos indebidos". La empresa Multinau S. L., por ejemplo, fue contratada 14 veces en 2016 y 296 en 2015, según el informe. En dos de estas adjudicaciones, Multinau obtuvo un contrato para prestar estos servicios de limpieza al edificio Lluís Companys durante la primera quincena de julio y, en otra, para realizar la misma función en el mismo lugar durante la segunda quincena del mes. De la misma forma, la empresa Gestió del Paper Sabadell estuvo contratada dos veces para la "recogida y destrucción de documentación confidencial" de enero a junio y de julio a diciembre. En el caso de los suministros de equipamiento para centros peniteciarios también destaca la adquisición por separado de "baterías para los radiotrasmisores" y la de "equipos radiotransmisores" con un período de tiempo de poco más de un mes y a una persona física que responde por las siglas N. G. G.

El ex conseller de Justícia Carles Mundó ha explicado a Verificat que cuando llegó al departamento a principios de 2016 "había bastantes contratos que habían expirado" y la contratación menor fue la única solución para dar continuidad a este tipo de servicios. Mundó asegura que no recuerda qué había pasado en los casos relativos a otros apartados también voluminosos como los servicios de desinfección o la gestión de documentación a causa del tiempo que ha transcurrido y su falta de conocimiento directo sobre todos los expedientes tramitados. El exconseller ha afirmado, sin embargo, que durante su mandato no se había fraccionado ningún contrato para favorecer a terceros y que tampoco tenía indicios de que se hubiera hecho en la legislatura anterior. Germà Gordó, su predecesor en el cargo, ha negado relación alguna con los contratos. "No tengo ni idea" y "no era mi competencia firmar este tipo de contratos", ha declarado.