Es engañoso afirmar que se han marchado 7.007 empresas de Catalunya

Es engañoso afirmar que se han marchado 7.007 empresas de Catalunya

Uno de los argumentos económicos que suele utilizar el candidato de Ciutadans a la Generalitat, Carles Carrizosa, tiene que ver con las empresas que se han marchado de Catalunya desde el otoño de 2017: 7.007. Este es el dato que da, efectivamente, el Colegio de Registradores de España y que incluye solo las empresas que han movido su sede social de Catalunya a otra comunidad autónoma. Se refirió, por ejemplo, en un discurso en Fomento del Trabajo (en el minuto 6:24), en el debate de La Vanguardia (en el minuto 38:18), en el acto de inicio de campaña (en el minuto 32:08) y en una entrevista en La Xarxa TV (en el minuto 28:15).

La cifra que da Carrizosa es ENGAÑOSA porque además de las 7.007 que se han marchado, 2.509 empresas han llegado a Catalunya desde otros territorios de España, el cambio de sede no siempre se ha acabado produciendo a nivel efectivo y los datos del Directorio Central de Empresas muestran una tendencia creciente del tejido empresarial en Catalunya desde 2014.

"7.007 empresas han huido de Catalunya desde 2017"

Carlos Carrizosa, Ciutadans

Carrizosa cita los datos del Colegio de Registradores de España, que trimestralmente publica las cifras de los cambios de sede social de las empresas entre las comunidades de España. Hemos procesado los números de los últimos tres años y, en efecto, desde el último trimestre de 2017 ha habido 7.007 empresas que han movido su sede social de Catalunya a otra comunidad autónoma (2.536 lo hicieron entre octubre y diciembre de 2017). Esta estadística solo contabiliza los movimientos dentro de España.

2.509 llegadas y un saldo negativo en los últimos tres años

Más allá de las 7.007 empresas que han cambiado la sede social fuera de Catalunya, hay otras ideas clave que hay que tener en cuenta. Desde el otoño de 2017, han llegado a Catalunya 2.509 empresas procedentes otras comunidades; por lo tanto, el saldo es de -4.498. Igualmente, Catalunya es una de las cinco comunidades con un saldo negativo y está muy lejos de los otros territorios: Castilla y León (-319), País Vasco (-42), Murcia (-22) y Asturias (-13). De las empresas que han cambiado su sede social fuera de Catalunya, 3.632 la han inscrito a Madrid, 828 en la Comunidad Valenciana y 580 en Andalucía.

Desde el cuarto trimestre de 2018, se han marchado más empresas de Madrid que de Catalunya, pero las empresas que han llegado a Madrid han más que duplicado las que han llegado a Catalunya.

El saldo de cambios de sede social de empresas en Catalunya ha sido negativo desde 2017 y en ningún trimestre Catalunya ha recibido más empresas de las que se han marchado. En Madrid, en cambio, siempre ha sido positivo excepto en dos trimestres.

Más de 35.000 constituciones en tres años

El mismo Colegio de Registradores publica otros datos sobre las sociedades en España, como el número de constituciones, extinciones, fusiones o ampliaciones de capital. Las constituciones y extinciones nos dan una idea del número de empresas que se crean y se extinguen cada comunidad. En el caso de Catalunya, entre 2018 y 2020, se han constituido 37.557 empresas y se han disuelto 13.254; por lo tanto, se han creado más de las que han desaparecido. A nivel temporal, tanto Catalunya como Madrid presentan una evolución similar desde 2001, con una tendencia ligeramente más favorable en Madrid.

675 empresas más en la Seguridad Social

Otro indicador que podemos usar para comparar el número de empresas en Catalunya es la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, que se publica mensualmente. Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2019, el número de empresas inscritas en Catalunya pasó de 231.963 a 232.638: 675 empresas más. El aumento en Catalunya fue inferior en las otras comunidades líderes, pero Catalunya sigue siendo el segundo territorio con más empresas, con 10.000 menos que Andalucía y 45.000 más que Madrid. El año 2020 se cerró en Catalunya con 223.867 empresas inscritas, un descenso que se tiene que enmarcar en los efectos económicos de la pandemia y que se produjo en todas las comunidades.

Directorio Central de Empresas: 20.895 empresas más que en 2017

Más allá de los datos del Colegio de Registradores y de la Seguridad Social, hay otra estadística que recoge las empresas que hay en cada comunidad autónoma: el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica anualmente. Nos permite considerar el saldo neto de empresas y es un buen indicador a la hora de saber cuál es el aumento empresarial dun territorio. En este caso, las cifras son radicalmente diferentes y muestran que el número de empresas que hay en Catalunya ha aumentado de manera constante desde 2014 y que en seis años la comunidad autónoma ha ganado 53.311 empresas.

Sobre las diferencias entre estos datos y las del Colegio de Registradores, el INE nos ha respondido que “no son sucesos comparables”, puesto que hay múltiples factores que pueden explicar la evolución del dato del DIRCE más allá de los movimientos entre comunidades, como las creaciones, disoluciones o reactivaciones de empresas o las deslocalizaciones al extranjero.

El Idescat, el Instituto de Estadística de Catalunya, también recoge los datos del DIRCE, pero va algo más allá y añade una nueva serie estadísticalas empresas con establecimientos en Catalunya, que incluye las empresas que tienen actividad económica en la comunidad autónoma, aunque la sede social esté en otra parte de España. En este caso, en 2019 hubo una leve caída después de cinco años de aumento continuado, pero había más que en 2017.

¿Qué implica un cambio de sede social?

José Miguel Tabarés, portavoz y vicedecano del Colegio de Registradores, explica a Verificat que el cambio de sede social suele implicar el traslado del personal perteneciente a los niveles de dirección o del personal auxiliar que se considere necesario, “aunque no implica que los empleados que se trasladen sean numerosos, ni siquiera mayoritarios, dado que no implica la necesidad de trasladar centros de producción ni otros tipos de locales o sus sedes productivas”. Tabarés añade que se trata de un “trámite legal que, en función de si se trasladan centros productivos o no, puede tener implicaciones muy variables”.

Sin embargo, Oriol Llebot, catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de Girona, argumenta a Verificat que, en este caso, lo que se produjo en 2017 fue una “fijación del domicilio estatutario, un cambio meramente nominal”, puesto que en muchos casos el centro de dirección y administración (el edificio) continuó estando en Catalunya. Llebot relata que el Registro del Mercantil (el lugar donde una empresa notifica el cambio de sede social) no comprueba si el lugar donde una empresa mueve la sede social es donde tiene el efectivo centro de administración, puesto que la función de los registradores no es controlarlo, sino asegurar que el acuerdo se haya tomado según la ley.

Lo cierto es que el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital establece que las empresas tienen que tener su domicilio social donde esté “el centro de su efectiva administración y dirección” o donde “radique su principal establecimiento o explotación”, pero son los socios los que “tienen que mirar si las decisiones son correctas”, argumenta Llebot, y pueden impugnar los acuerdos si lo consideran oportuno. Tienen un mes como máximo y, como en la mayoría de los casos no saldrían beneficiados, nadie recurre el acuerdo de la junta aunque el núcleo de la empresa no se haya desplazado. En el caso catalán, Llebot sostiene que “la mayoría de las 7.007 [empresas que se han marchado] son pequeñas y medianas y no pueden soportar el coste de ir a hacer reuniones donde han fijado [el domicilio social]”.

En la misma línea, Joaquim Castañer, profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), asegura a Verificat que el último trimestre de 2017 “no hubo un traslado de trabajadores, ni de actividad, ni de activos”. Castañer explica que para las empresas que tenían otros centros de trabajo, “fue tan fácil como cambiar la sede social de un lugar a otro, por ejemplo, a la sucursal, sin que fuera necesario trasladar trabajadores o activos”, y si alguna empresa no tenía, había que buscar un local, pero podía hacer el traslado de sede social sin tener que llevarse toda la actividad.

Oriol Llebot también recuerda que el Real decreto ley 15/2017, aprobado el octubre de 2017, facilitó el traslado de la sede social de las empresas dentro del territorio del Estado y establecía que un acuerdo del órgano de administración era suficiente para cambiar el domicilio social. El octubre de 2017 fueron, por ejemplo, empresas como CaixaBank, el Banco Sabadell, el Grupo Indukern o Cementos Molins (que rechazó volver la sede en Cataluña el junio de 2019). Sin embargo, como comprobó el diario Ara el octubre de 2019la mayoría de las veinte grandes empresas que sacaron la sede de Cataluña no trasladaron la dirección y la administración ni tienen fuera su principal actividad, sino que “muchas de las compañías se limitaron a inscribir el domicilio social en la capital española u otras ciudades sin hacer ningún traslado de directivos”.

Cuantificar el impacto económico

El profesor de Derecho Mercantil de la UPF Joaquim Castañer sostiene que no ha visto datos de la cuantificación económica de los traslados de sede social que ha habido desde 2017. En los casos, por ejemplo, del impuesto sobre sociedades o del IVA, el efecto de financiación de estos dos tributos en las comunidades autónomas no depende del domicilio social, sino del índice de consumo de cada comunidad autónoma, según explica a verificat Oriol Llebot. Los cambios de sede social sí que podrían tener cierto efecto en los impuestos locales o autonómicos (como el de transmisiones patrimoniales), pero Llebot considera que han tenido pocas consecuencias y no tienen dimensión para sacudir la economía: “No se puede decir que no ha habido ningún impacto, pero en términos de volumen no han perjudicado”, señala.

Por lo tanto, ¿podríamos utilizar los datos de recaudación fiscal de los impuestos de Catalunya? Oriol Llebot considera que no es relevante para afirmar o negar que han tenido un impacto en la economía catalana, puesto que “las causas no están discriminadas y, por lo tanto, no se pueden atribuir o no a ninguna causa en concreto, lo que no permite utilizarlas como argumento”. En cualquier caso, las memorias de actividad de la Agencia Tributaria de Catalunya de 2019, de 2018 y de 2017 muestran que en los últimos años ha habido un aumento de la recaudación total y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este incremento puede ser producto del aumento “en número o en el importe de los actos y operaciones sujetas a este impuesto”.