El certificado de vulnerabilidad para la regularización no da acceso ni prioridad a recibir ayudas sociales

Circulan mensajes en redes sociales que denuncian que este certificado de vulnerabilidad para acceder a la regularización extraordinaria dará derecho y prioridad a acceder a ayudas sociales, una vez obtenido el permiso de residencia. Lo contrastan con la visión de que, para las personas que no hayan pasado por la regularización, demostrar la situación de vulnerabilidad es más complicado. Los mensajes son ENGAÑOSOS.

El certificado de vulnerabilidad es un documento que deberán presentar algunas de las personas que quieran acogerse a la regularización extraordinaria de 2026. Solo es válido para este trámite, y no permitirá demostrar la situación de vulnerabilidad que requieren otros trámites administrativos, como las ayudas.

«¿Qué significa el certificado de vulnerabilidad? Primera posición para conseguir vivienda social, primera posición en la lista de espera para operarse, derecho al IMV, derecho a una paga por cada hijo, si son okupas no se les podrá echar.»

Obtener la regularización permitirá a las personas extranjeras solicitar ayudas sociales y prestaciones para las que es necesario residir legalmente en el estado, pero para recibirlas deberán acreditar sus ingresos y condición económica. No les servirá el certificado de vulnerabilidad requerido para regularizar su situación que, según el real decreto 316/2026, solo es válido para el procedimiento de la regularización extraordinaria. Por lo tanto, una vez conseguido el permiso de residencia, no se podrá reutilizar el certificado para pedir ayudas sociales que requieran demostrar la situación de vulnerabilidad.

El procedimiento de la regularización extraordinaria ha generado diversas desinformaciones. Anteriormente, en Verificat hemos explicado que las personas que regularicen su situación no podrán votar en las próximas elecciones generales, que los antecedentes penales y los policiales se tendrán en cuenta, que los estudios establecen que las regularizaciones no generan «efectos llamada» y que no conocemos el número de personas que se podrán acoger al trámite.

¿Qué es el certificado de vulnerabilidad para la regularización?

En el marco de la regularización extraordinaria, el certificado de vulnerabilidad es un documento que acredita que la persona solicitante se encuentra en una situación de vulnerabilidad «personal, económica, social, psicosocial, familiar o residencial a raíz de su situación administrativa irregular», según el real decreto 316/2026, que aprobó la regularización extraordinaria de 2026. El texto legal especifica que el certificado «tendrá efectos exclusivamente a las finalidades previstas en esta disposición». Es decir, es un documento hecho ad hoc para la regularización y que no se podrá utilizar para otros trámites administrativos.

El certificado puede ser emitido por «las entidades competentes» o por organizaciones «inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería«, como detalla el decreto, y el gobierno español «confía en la certificación de la entidad competente» y «controla la forma y legitimidad del emisor», como explica a Verificat el departamento de prensa del Ministerio de Inclusión. Debe seguir el formato del modelo publicado en el que constan los datos del solicitante y de la entidad que acredita su situación de vulnerabilidad social y económica, y debe estar sellado, según el decreto.

El certificado de vulnerabilidad de la regularización contempla once circunstancias por las cuales se puede estar en situación de vulnerabilidad:

• Aislamiento social o falta de red de apoyo
• Situación de sinhogarismo o vivienda precaria
• Víctima de discriminación o exclusión social
• Falta de ingresos suficientes
• Situación de pobreza o riesgo de exclusión económica
• Dificultad para acceder a un empleo
• Personas a cargo (menores, dependientes)
• Unidad familiar en situación de vulnerabilidad
• Monoparentalidad en contexto de precariedad
• Riesgos psicosociales
• Exposición a situación de explotación o abuso

No es necesario obtener el certificado de vulnerabilidad si el solicitante demuestra haber trabajado durante la residencia en España presentando un contrato, demuestra la intención de trabajar con una oferta de empleo (un certificado de una empresa asegurando que lo quiere contratar, por ejemplo), o firma una declaración responsable de intención de trabajar por cuenta propia. Tampoco es necesario si el solicitante vive con la familia, compuesta por menores de edad o adultos dependientes o que sean ascendientes de primer grado, o si ya ha solicitado el asilo internacional, según el decreto.

El certificado de vulnerabilidad para la regularización no dará acceso a ayudas sociales

El certificado de vulnerabilidad específico para acceder a la regularización no servirá para acreditar la situación económica para pedir ayudas o prestaciones, ya que el punto doce del real decreto de la regularización establece que «tendrá efectos exclusivamente a las finalidades previstas en esta disposición». Así, el certificado no sirve para acceder a prestaciones, ayudas sociales «ni para acreditar vulnerabilidad económica en otros ámbitos cuando la persona esté regularizada», confirma el departamento de prensa del Ministerio de Inclusión a Verificat.

Para acceder a ayudas como el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía, por ejemplo, es necesario demostrar que los ingresos del solicitante o de la unidad familiar son inferiores a los establecidos por sus reglamentos, como hemos explicado anteriormente en Verificat. También es necesario acreditarlo para acceder a las ayudas del Plan para el derecho a la vivienda en Cataluña (excepto en el programa de mediación en el alquiler social), como indica el artículo 10 del decreto 75/2014.

Por lo tanto, haber obtenido el certificado de vulnerabilidad en el marco de la regularización no dará ninguna ventaja a la hora de pedir ayudas sociales, ya que será necesario demostrar que se cumplen sus requisitos de la misma manera que el resto de solicitantes.

Además, para acceder al ingreso mínimo vital es necesario demostrar tener «residencia legal y efectiva en España» durante, como mínimo, el año anterior a presentar la solicitud, según la Seguridad Social. De la misma manera, la renta garantizada de ciudadanía requiere «estar empadronado y residir legalmente en Cataluña» y haber residido en el territorio de manera continuada dos años antes de la solicitud, según el artículo 7 de la ley 14/2017.

La suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2026 estaba regulada por el real decreto-ley 11/2020, ampliado por el real decreto-ley 16/2025, pero que fue derogado y, por lo tanto, ya no existe este supuesto de suspensión de desahucios.

En el portal Las mentiras alimentan el odio, donde recogemos datos para desmentir discursos de odio, hemos explicado anteriormente los derechos a los que tienen acceso los migrantes, según su situación administrativa, en España y Cataluña.