Qué es la declaración responsable, una medida “excepcional” para la regularización que ya se ha utilizado antes

Actualización: Esta publicación es obsoleta. Se elaboró sobre el texto provisional del decreto de la regularización extraordinaria, antes de que se publicara en el BOE el decreto definitivo. En el texto definitivo, el gobierno español eliminó la declaración responsable como alternativa válida al certificado de antecedentes penales. Por lo tanto, este documento no permitirá acceder a la regularización en caso de que el país de origen no entregue el certificado de antecedentes.

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha afirmado en el pleno del Parlament de este miércoles (minuto 15:00) que las personas que quieran acceder a la regularización extraordinaria, presentada por el gobierno español a principios de año, podrán sustituir el certificado de antecedentes penales «por una mera declaración responsable» que las «instituciones admitirán como válida y creíble». El partido ha compartido el corte en sus redes sociales, donde acumula decenas de miles de visualizaciones. La idea, de hecho, corre ampliamente por redes desde hace semanas.

La declaración responsable es una medida “excepcional” en el proceso que no asegura el permiso de residencia y trabajo, porque tienen que cumplirse también muchos otros requisitos, de acuerdo con el texto provisional de la regularización. Está previsto que sólo se pueda usar si los países de origen no responden a la petición del certificado de antecedentes. Además, según los expertos consultados, mentir en ella podría suponer un delito de falsedad documental y comportar la extinción o la no renovación del permiso. ¡Te lo explicamos!

«Hacen colas en los consulados […] para pedir un certificado [de antecedentes penales] que, en caso de que no llegue, podrá ser sustituido por una mera declaración responsable. Una declaración responsable que las instituciones admitirán como válida y creíble»

Sílvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana

La declaración responsable es un recurso que, como explican a Verificat varios expertos, abre una vía para asegurar el derecho a optar a la regularización. Está planteado para que no sean excluidas del proceso las personas que provengan de un país en guerra, de un estado fallido, o de territorios con otras situaciones complejas que hacen muy difícil la obtención de cualquier tipo de documento oficial en un plazo de pocos meses. 

No es una medida nueva, ya se ha utilizado en anteriores ocasiones. El Real Decreto-ley 6/2022, por ejemplo, permitió a las personas migradas de Ucrania, por el contexto de conflicto armado que se vive en el país, acceder no sólo a la residencia, sino a la nacionalidad española, con la aportación de una declaración responsable. 

¿Cómo se demuestra la ausencia de antecedentes penales?

El borrador de la regularización, que todavía no es definitivo y, por tanto, podría cambiar,  detalla los pasos a seguir para demostrar la ausencia de antecedentes penales.

El documento establece que, primero, la persona interesada debe solicitar un certificado de antecedentes penales en el país de origen o “aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años”. Si transcurrido un mes, no ha obtenido respuesta y así lo acredita, el gobierno español puede solicitar esta información directamente a las autoridades del país correspondiente. Si en otro mes, la Administración tampoco ha recibido respuesta, entonces el interesado podrá presentar una declaración responsable afirmando que carece de antecedentes penales. Este documento servirá para poder tramitar la solicitud de regularización extraordinaria, siempre que se cumplan también el resto de requisitos.

En el ámbito de la seguridad, esta regularización exige, además, no tener antecedentes penales en España, no representar «una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública», no tener prohibida la entrada en el estado, y no figurar como «rechazable en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio en este sentido». 

Como explica a Verificat Mireia Risco, responsable de extranjería en el gabinete Lleal Tulsà Assessors, «no significa que por el hecho de presentar la declaración responsable ya no haya intención por parte de la Administración de controlar si realmente había antecedentes penales en el país de origen». 

Dailyn Camilo Valverde, experta en extranjería en el gabinete Valverde Abogados, detalla que en el derecho administrativo hay dos momentos clave comunes a cualquier trámite: cuándo se hace la solicitud y cuándo se recibe la respuesta. Con esta declaración responsable, afirma la experta, es posible que «admitan la solicitud, pero no que aprueben la residencia». Valverde recuerda que «muchas personas no han podido regularizarse» en procesos administrativos anteriores por el hecho de contar con antecedentes policiales, no penales, tal y como explicamos.

¿Qué ocurre si se miente en la declaración responsable?

La declaración responsable está definida en la Ley 39/2015. Risco detalla que se trata de un «documento personal en el que el interesado se compromete a declarar una situación que no puede demostrar de otra manera», y que no es una «declaración jurada como la que podría ser la que se hace ante notario, sino un documento que firma el propio interesado». 

Quim Clavaguera, abogado y diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, donde es responsable de la Comisión de Extranjería, explica que se trata de un modelo “habitual en procedimientos administrativos en el que la Administración busca simplificar trámites y evitar bloqueos burocráticos, asumiendo un cierto nivel de riesgo en términos de control efectivo”.

Risco añade que en el caso de las personas que quieren acceder a la regularización extraordinaria, ésta es una vía para “no privar el derecho al extranjero de poder obtener un permiso de residencia y trabajo por faltar un documento que no depende del mismo”, en referencia a países que se encuentran en situaciones de conflicto activo u otros de alta complejidad que hacen muy difícil la obtención de este tipo de documentos entre los meses de abril y junio, que es el período de admisión de solicitudes. 

Si esta declaración responsable se demuestra falsa, se podría producir «la extinción del permiso de residencia concedido», concluye la experta. Pablo Olivet, abogado especialista en Derecho Penal, añade que la persona también podría incurrir en un delito de falsedad documental tipificado en el Código Penal y castigado con penas de prisión de entre seis meses y tres años y multa de seis a doce meses. Si la persona fuese condenada, tendría antecedentes en España y esto dificultaría la renovación del permiso, que tiene un plazo de un año, si se lo hubieran concedido. 

El caso de las personas originarias de Ucrania

No es la primera vez que la declaración responsable se utiliza en casos excepcionales para que las personas extranjeras puedan acceder a procesos para residir legalmente en España.

Esto sucedió, por ejemplo, en 2022, cuando el gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 6/2022, en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Esta normativa incluye un artículo que se aplica a «las personas solicitantes de nacionalidad española de origen ucraniano», y las personas «apátridas y refugiadas». Establece que, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de la guerra para poder obtener «certificados de nacimiento y antecedentes penales», las personas solicitantes están «exentas de aportar esta documentación» y con una declaración responsable «se acreditarían los certificados correspondientes».