Todo el mundo tiene el derecho y el deber de empadronarse, también si se encuentra en situación irregular o sin techo

A raíz de la noticia de cientos de empadronamientos supuestamente fraudulentos en Sant Cugat y Lleida, que han compartido varios medios locales y que han confirmado los propios alcaldes de estos municipios en entrevistas en El Món a RAC1, se ha reabierto el debate, alimentado con discursos de odio, sobre el derecho de empadronamiento de las personas migradas. Se ha promovido, también, una idea confusa de lo que representa un empadronamiento fraudulento o irregular y se ha relacionado con el supuesto efecto llamada, ampliamente desmontado, como hemos explicado anteriormente en Verificat.

TE LO EXPLICAMOS. El padrón es un derecho y una obligación de todas las personas que residen en territorio español, como ya explicamos en Verificat. Esto incluye a las personas que se encuentran en situación irregular o sin hogar. Por eso existen mecanismos como, por ejemplo, que el Ayuntamiento las empadrone en sedes de servicios sociales o del albergue municipal, como analizamos en 2024. Los empadronamientos fraudulentos se dan si se han falsificado contratos de alquiler o facturas, o cuando se cobra o se extorsiona a las personas en situación administrativa irregular a cambio de un registro en el padrón. El ayuntamiento de Sant Cugat ha confirmado, por ahora, cinco de los 324 casos sospechosos de fraude, según ha explicado a Verificat su gabinete de prensa.

«Que en el padrón pueda empadronarse la gente que tiene derecho, y quien no, evidentemente, no lo permitiremos«

Jordi Puigneró, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Cugat

Fraudes en el empadronamiento en Sant Cugat y Lleida

El alcalde de Sant Cugat por Junts, Josep Maria Vallès, confirmaba el miércoles en entrevista a El Món a RAC1(min 21:46), que a principios del pasado mes de agosto habían comenzado a detectar ciertas irregularidades y que a partir del día 18 de ese mes se habían detenido los empadronamientos sospechosos en el municipio. Detallaba que 324 «están en proceso de revisión» y apuntaba a una «mafia» dedicada «profesionalmente» al empadronamiento fraudulento. El departamento de prensa del consistorio ha concretado a Verificat que, por ahora, son cinco los casos confirmados basados ​​en contratos fraudulentos. En términos similares se expresaba el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), en SER Catalunya el pasado mes de mayo, cuando denunciaba la existencia de “mafias” y “prácticas corruptas” y aseguraba que habían detectado casos de cobros por empadronar a las personas.  

Todo el mundo tiene el derecho y el deber de empadronarse

El empadronamiento es un derecho y una obligación de todas las personas que viven en un municipio, independientemente de su situación administrativa, como describimos en el portal web de Verificat donde se verifica información relacionada con migraciones, Las mentiras alimentan el odio. Lo establece el artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 6 de la Ley de Extranjería. Es decir, es un trámite básico para que cualquier persona pueda formar parte, como ciudadano, del municipio en el que vive.

Para empadronarse en un inmueble sólo es necesario acreditar la residencia efectiva, por ejemplo, mediante contratos de compraventa o las facturas del agua y luz. No existe un límite respecto al número de personas a empadronar en un inmueble, siempre que residan allí. Es, por tanto, responsabilidad de los ayuntamientos verificar que esta residencia sea efectiva y tramitar su baja si no lo es.

Eso sí, las personas extranjeras empadronadas no comunitarias en situación irregular deben renovar su inscripción en el padrón cada dos años y, en su defecto, tendrá lugar la baja, según el artículo 16 de la Ley 7/1985.

No tener techo o estar en situación irregular no es impedimento

No tener un techo no anula el derecho y la obligación de inscribirse en el padrón, como tampoco lo hace tener una vivienda en malas condiciones o estar en un inmueble ocupado. La legislación española lo prevé, a través de reglamentos y resoluciones, en las que se explicita que las personas sin domicilio que lo hayan comunicado a los servicios sociales podrán inscribirse en el padrón. Se hace a través de la figura de “domicilio ficticio”, con la que los servicios sociales establecen la dirección, ya sea en su propia sede o en la del albergue municipal, por ejemplo, como explicamos anteriormente en Verificat.

El negocio de los empadronamientos

Otro caso frecuente de irregularidades del padrón es el del negocio sumergido de algunos propietarios y titulares de contratos de alquiler que piden dinero a cambio de una autorización que permita a otra persona empadronarse en su casa. En portales de venta online como Milanuncios y Wallapop hay publicaciones que ofrecen dinero por este tipo de certificados y también los que anuncian el servicio a cambio de diferentes cantidades de dinero, tal y como han reportado medios periodísticos como eldiario.es y el ABC.

También hay situaciones en las que el negocio se realiza con domicilios ajenos. “Si en un edificio hay una persona mayor sola, dan el domicilio de esa persona, robándoles incluso recibos del buzón para utilizar como prueba”, explicaba Verifica RTVE. En ese caso, se trataría de falsedad documental.

Las irregularidades conllevan sanciones

Cuando se falsifican contratos de alquiler o facturas, esto comporta un delito de falsedad documental y, por tanto, está en manos del ámbito policial investigarlo. El Código Penal regula en los artículos 390 y posteriores las multas y sanciones por delitos de falsedad documental. Concretamente, el artículo 395 de falsificación de documentos privados establece penas de prisión de seis meses a dos años.

Además, si se comprueba que una persona está empadronada en un domicilio que no es su vivienda habitual, se prevén multas de hasta 150 euros, según el artículo 59 del Real decreto legislativo 781/1986. También se daría de baja a la persona del padrón.

Blindar el padrón para la población más vulnerable

La noticia de los supuestos empadronamientos fraudulentos llega después de que el pasado mes de junio se firmara el Pacto por el Padrón en el Parlament de Catalunya, donde no se sumaban ni Junts, ni PP, ni Vox, ni Aliança Catalana. Se trataba de un intento de blindar ese derecho, especialmente para la población más vulnerable. Un mes más tarde, la Coordinadora Obrim Fronteres, una plataforma que defiende los derechos de la población migrante, denunciaba que durante el pleno de julio en Sant Cugat, Puigneró, «anunció que el consistorio ha procedido a dar de baja a más de 4.000 personas del padrón», y reivindicaban que no se había tratado de un proceso transparente. Durante el pleno (mín. 3:14:00), el teniente de alcalde Puigneró detallaba que el padrón debe reflejar la realidad del municipio y que estas personas «estaban en una situación irregular».