La renta garantizada no se financia con cotizaciones de las pensiones, a pesar de lo que dice Orriols

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en el pleno del Parlament de este miércoles 18 de marzo (minuto 32:25), ha asegurado que la edad de jubilación cada vez se alarga más “para pagar la renta garantizada a los inmigrantes que dejan entrar” en el país. TE LO EXPLICAMOS.

La renta garantizada de ciudadanía (RGC) y las pensiones tienen vías diferentes de financiación. La RGC es una prestación de carácter autonómico que en Catalunya se cubre directamente con el Presupuesto de la Generalitat, mientras que las pensiones se pagan, mayoritariamente, con cotizaciones que los trabajadores abonan a la Seguridad Social. La ley no prevé que las cotizaciones a la Seguridad Social se dirijan a cubrir la renta garantizada autonómica ni el ingreso mínimo vital estatal. Además, la mayoría de los beneficiarios de la renta garantizada tienen nacionalidad española.

«[Desde Aliança Catalana] somos favorables a garantizarlas [las pensiones], para que no tengamos que jubilarnos a los 80 años que cada vez nos lo alargan más para pagar la renta garantizada a los inmigrantes que dejan entrar«

Sílvia Orriols, presidenta d’Aliança Catalana

La Ley de Seguridad Social establece dos tipos de prestaciones, las contributivas y las no contributivas. Las contributivas se cubren sobre todo con cuotas que los trabajadores pagan a la Seguridad Social, conocidas como cotizaciones, mientras que las no contributivas están sujetas directamente a los Presupuestos Generales, que reciben dinero de los impuestos generales.

Pensiones, renta garantizada e ingreso mínimo vital

La renta garantizada de ciudadanía (RGC) es una prestación autonómica que en Catalunya se aprobó con la ley 14/2017 por mandato del Estatuto de Autonomía y prevé una financiación íntegra desde los Presupuestos de la Generalitat (artículo 17). Es decir, se paga directamente con impuestos generales y no recibe dinero de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las pensiones están recogidas en la Ley General de la Seguridad Social, de carácter estatal, y están tipificadas como prestaciones contributivas (artículo 109). Su financiación proviene, principalmente, de las cuotas de las personas obligadas y de otros ingresos como recargos, sanciones o recursos patrimoniales de la Seguridad Social. La ley de las pensiones no prevé destinar dinero a la renta garantizada de ciudadanía autonómica.

También existe el ingreso mínimo vital (IMV) del Estado, una prestación que todos los demandantes de la renta garantizada catalana están obligados a solicitar. En este caso, el IMV se abona desde la Seguridad Social, pero, a diferencia de las pensiones, está tipificado como prestación no contributiva, por lo que se financia con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, tal como estipula la Ley General de la Seguridad Social (artículo 109).

Ingresos contributivos insuficientes

A causa del envejecimiento poblacional, actualmente los ingresos contributivos no acumulan suficientes recursos para cubrir las pensiones. Por ello, en los últimos años, el Gobierno de España ha tenido que destinar dinero de los Presupuestos estatales para pagar las pensiones de jubilación, justo en dirección inversa al mensaje de Sílvia Orriols.

En 2025, el déficit estructural de la Seguridad Social ascendió a 69.783 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior, según datos recopilados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y las prestaciones contributivas fueron la partida más grande con el 84% de los gastos. La mayor parte del agujero en las cuentas de la Seguridad Social se cubre desde los Presupuestos Generales del Estado.

En Catalunya, solo este mes de febrero, la Seguridad Social destinó 1.934 millones de euros a pagar pensiones contributivas de jubilación, según el portal estadístico de la Seguridad Social, financiados desde el sistema estatal de cotizaciones. Son 103 millones más que en febrero del año anterior.

En cambio, de media, la Generalitat de Catalunya destinó 32,7 millones de euros mensuales a prestaciones de la renta garantizada en 2024, según los últimos datos disponibles en el Idescat, una cifra que va a la baja desde 2021.

La mayoría de los que reciben la RGC tienen nacionalidad española

Como ya hemos explicado anteriormente en Verificat en diversas ocasiones, las personas extranjeras eran el 21,3% del total de los beneficiarios de la RGC catalana en 2021, según los datos facilitados por el Departament de Drets Socials a Verificat con una petición de transparencia. En 2023, fueron el 22%. Más de tres cuartas partes de los beneficiarios de la RGC tienen nacionalidad española.

Tener nacionalidad u origen extranjero no puntúa para recibir la RGC. La prestación busca “asegurar que todo el mundo pueda cubrir las necesidades básicas”, tal como explica la Generalitat, y se otorga en función de los ingresos de cada persona. No hay ayudas específicas para extranjeros, tal como explicamos en nuestro portal Las mentiras alimentan el odio.

No es la primera vez que partidos en el Parlament, como Vox y Aliança Catalana, critican la renta garantizada u otras prestaciones sociales con mensajes contra la inmigración, y también hemos verificado vídeos virales en las redes sociales.

Hasta la fecha de publicación de este artículo, el gabinete de prensa de Aliança Catalana no ha respondido a las preguntas de Verificat sobre esta verificación.