Los migrantes en situación irregular no optan a más ayudas que el resto de la población, como afirma Orriols

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha afirmado en el pleno del Parlament de este miércoles que en Catalunya se dan más ayudas “a los inmigrantes ilegales” que a los ciudadanos “naturales que han cotizado toda la vida” (minuto 26:08). Es FALSO.

La mayor parte de las ayudas directas en Catalunya no tienen la nacionalidad como factor a tener en cuenta, sino que se otorgan usualmente en función de criterios económicos, como la renta. Además, tomando como ejemplos la renta garantizada de ciudadanía, el ingreso mínimo vital o las ayudas al alquiler, todas ellas establecen la residencia legal como requisito fundamental para ser aceptadas.

«Un modelo […] donde tienen más oportunidades y ayudas los inmigrantes ilegales que los naturales que han cotizado toda la vida.»

Sílvia Orriols, Aliança Catalana

El sistema de protección social en España y Catalunya articula sus principales mecanismos de asistencia bajo el criterio de residencia legal y efectiva, que suele aparecer como criterio excluyente en las prestaciones públicas. La residencia legal es una condición indispensable para acceder a tres de las principales ayudas económicas: el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas al alquiler.

Las ayudas no se dan por nacionalidad o lugar de nacimiento

En el caso del Ingreso Mínimo Vital, del que en marzo de 2026 en Catalunya se aprobaron 118.920 solicitudes, uno de los requisitos indispensables es tener “residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud”, según la Seguridad Social. Además, los solicitantes deben encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica; la horquilla va de un límite de 20.353,62 euros de ingresos si es un adulto solo, a 52.919,41 euros si son cuatro adultos y un menor.

Por otro lado, la Renta Garantizada de Ciudadanía en Catalunya requiere no solo tener la residencia legal en el momento de presentar la solicitud, sino también estar empadronado en Catalunya durante los dos años anteriores. Para beneficiarse de ella, la persona solicitante debe encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica; los ingresos de la unidad familiar en los dos meses anteriores deben ser inferiores a 801,85 euros mensuales en casos individuales, un umbral que sube gradualmente hasta 1.459,36 euros en unidades familiares compuestas por cinco o más integrantes.

Por último, la Agència de l’Habitatge de Catalunya otorga ayudas para el pago del alquiler. Este tipo de subvenciones también requiere de manera indispensable la residencia legal en Catalunya para ser aceptadas (punto 4.1.A de las bases), y los requisitos que se deben cumplir se definen esencialmente por el indicador de renta de suficiencia de Catalunya y la renta de alquiler mensual, por lo que no responden en ningún caso a la nacionalidad o al lugar de residencia.

Las personas extranjeras pueden acceder a servicios y ayudas públicas

En el momento en que una persona llega a España tiene derecho a asistencia sanitaria (artículo 12) y enseñanza pública, si tiene menos de dieciocho años (artículo 9), según la ley 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, conocida como ley de extranjería.

Los extranjeros deben empadronarse en el municipio donde residen, independientemente de su situación administrativa, como establecen la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 15) y la ley de extranjería (artículo 6.3). Tal como hemos explicado anteriormente en Verificat, el padrón es una obligación, y la ley de extranjería no prohíbe el empadronamiento de los extranjeros en situación administrativa irregular.

Además de la sanidad y la educación, las personas que se encuentren en situación administrativa irregular también tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita y a la protección ante situaciones de violencia de género, como estipulan los artículos 22 y 31 bis de la ley de extranjería.

Para los extranjeros con permiso de residencia legal, el abanico de derechos se amplía significativamente. El artículo 14 de la ley de extranjería establece que “los extranjeros residentes tienen derecho a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”. De esta manera, optan a diferentes ayudas siempre que cumplan los demás requisitos. No obstante, no pueden votar en elecciones generales o autonómicas ni tienen la opción de tener una plaza de funcionario destinadas a ciudadanos nacionales, como detallamos en el portal Las mentiras alimentan el odio.

Aunque las personas migrantes en situación administrativa irregular no pueden optar a la mayoría de las ayudas sociales, el gobierno español tiene un programa de atención humanitaria para atender las necesidades más básicas de quien entra en el Estado de manera irregular. También existen programas de asesoramiento para tramitar peticiones de asilo. Así, los refugiados (personas que han huido por estar perseguidas por motivos de raza, religión u orientación sexual, entre otros) pueden acceder a algunas ayudas y prestaciones.

Las situaciones de vulnerabilidad aumentan entre la población extranjera

A pesar de que las ayudas públicas no se dan según la nacionalidad, hay otros factores que pueden explicar la necesidad de este colectivo de acceder a ayudas públicas, como es la renta y las situaciones de vulnerabilidad que se derivan de ella.

La renta neta por persona el año pasado se situó en 17.237 euros entre los ciudadanos con nacionalidad española, mientras que los extranjeros de la UE y los de fuera de la UE percibieron rentas inferiores, de 13.867 y 9.619 euros, respectivamente.

Con todo, la tasa de riesgo de pobreza con alquiler imputado en 2025 era del 11% entre la población con nacionalidad española, mientras que crece al 31% entre los extranjeros de la UE y hasta el 49,4% entre las nacionalidades del resto del mundo, según el INE.