La Global Sumud Flotilla se financia con donaciones, pero la repatriación la cubre el Gobierno español

Una de las narrativas más presentes en las redes sociales desde que han comenzado las repatriaciones de los activistas embarcados en la marcha de la Global Sumud Flotilla desde Israel asegura que el Gobierno español ha financiado toda la expedición. El Ejecutivo central sí se ha hecho cargo de los costes de la repatriación de las personas con nacionalidad española que viajaban en barcos con ayuda humanitaria a Gaza, pero no de todos los costes derivados de la travesía, que se ha financiado con donaciones. ¡Te lo explicamos!

«La Global Sumud Flotilla está financiada con dinero público»

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció el 6 de octubre en El Matí de Catalunya Ràdio que, en el proceso de repatriación de los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla, «nos encargamos nosotros completamente del coste de la repatriación para que puedan llegar lo antes posible a España». En las redes, sin embargo, se ha extrapolado este mensaje a la idea de que el Gobierno español está sufragando todo el proyecto de la Flotilla.

Financiación a través del micromecenazgo

La Global Sumud Flotilla, una organización formada por la Magreb Sumud Flotilla, La Coalición de la Flotilla de la Libertad, el Global Movement to Gaza y la Sumud Nusantara, ha sido financiada con un micromecenazgo en chuffed.org, a través del cual ha obtenido 3.209.210 euros de más de 68.000 donantes (una media de 46,9 euros por persona).

Con esta cantidad pudieron zarpar las 50 embarcaciones con 500 personas a bordo, de las cuales 44 barcos y 462 activistas han navegado hasta el otro lado del Mediterráneo y han sido detenidos por Israel. Las 300 toneladas de ayuda humanitaria, según elDiario.es, entre comida, agua potable y medicina, que llevaba la flotilla habían sido recaudadas con donaciones de ciudadanos. Se trata de una ayuda que desde el inicio se ha considerado «simbólica«, ya que los barcos no tenían una gran capacidad de carga, y el objetivo real era establecer un corredor humanitario por vía marítima hasta Gaza. No hay pruebas de que el Estado español haya invertido en estas embarcaciones ni en la ayuda humanitaria que transportaban.

El Gobierno español asume el coste del buque Furor y la repatriación desde Israel

Como anunció el ministro Albares, su ministerio se ha hecho cargo de los costes de repatriación de los activistas españoles, aunque no ha dado detalles de qué incluye dentro de esta partida.

Según Albares, su ministerio se ha hecho cargo del coste de la deportación para acelerar el retorno de los ciudadanos españoles retenidos por Israel. El proceso de repatriación voluntaria de Israel, que se aplica a todo el que esté en su territorio ilegalmente, proporciona a los deportados el billete de avión hasta su destino, pero mientras la solicitud es procesada el tiempo de deliberación y detención no está indicado.

En este contexto, el Gobierno español también ha asumido el coste del envío del buque de acción marítima Furor (P-46) desde el 25 de septiembre. Aunque en las redes se habla de cifras concretas, Verificat no ha podido comprobar el coste de operación de la embarcación durante el tiempo del operativo de escolta a la Global Sumud Flotilla.

El caso de Ángela Agudo no se gestiona por la vía diplomática, sino por la militar

Muchos usuarios de las redes han comparado la situación de los activistas de la flotilla con la de turistas españoles con emergencias médicas en el extranjero. Un caso es el de Ángela Agudo, que lleva un año hospitalizada en coma inducido en la UCI tras sufrir un grave accidente de moto en Tailandia. El Ministerio de Defensa, que gestiona la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del ejército, no autorizó una repatriación a costa del Estado en su caso. Su familia se hizo cargo del transporte de la afectada tras hacer una campaña de captación de fondos.

El Ministerio de Defensa no ha emitido ningún comunicado sobre este caso explicando los motivos de la denegación de enviar un avión medicalizado.

En casos anteriores, como el de Álex García, a quien repatriaron después de dos meses de hospitalización también en Tailandia, el gobierno sí puso a disposición los aviones medicalizados, que están operados por el Ejército del Aire. Estos dos casos y cualquier operación de la UMAER, sin embargo, fueron gestionados por el Ministerio de Defensa, mientras que el de los activistas de la Global Sumud Flotilla depende del Ministerio de Exteriores. Los ministerios tienen presupuestos separados y toman las decisiones autónomamente, y es engañoso afirmar que el dinero que se está invirtiendo en repatriar a los activistas se desvió de no ayudar a Ángela en Tailandia, porque no sale de la misma parte del gobierno ni de los mismos presupuestos