Dos sentencias en dos días consecutivos sancionan a Meta por un diseño adictivo de sus redes sociales

El diseño de Instagram y Facebook, redes sociales de la matriz Meta, tienen efectos negativos sobre la salud física y mental de los jóvenes, según concluyeron dos sentencias judiciales que han sancionado a la empresa esta misma semana. Un jurado de Nuevo México ha condenado a la compañía a una multa de 375 millones de dólares, y otro de Los Ángeles (California), ha impuesto a Meta y a Google una sanción total de 6 millones, en dos resoluciones que sirven de precedente para los miles de procesos judiciales similares abiertos.

Falta de protección de los menores frente a depredadores sexuales

El caso de Nuevo México se remonta a una denuncia a Meta impuesta en el 2023 por el fiscal general del estado, Raúl Torrez, por “engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y poner en riesgo a las criaturas”, tal y como informa el Departamento de Justicia del estado en una nota de prensa. «La evidencia presentada en el juicio ha establecido que los diseños de Meta han permitido que pedófilos y depredadores sexuales participen en la explotación sexual infantil en sus plataformas», apunta el comunicado, que también señala que Meta diseña sus plataformas para hacer a la gente joven adicta y […] exponerla a contenido peligroso relacionado con trastornos alimentarios y autolesiones de manera intencionada.

El jurado condenó el martes 24 de marzo a Meta a pagar 5.000 dólares por cada violación de las leyes de protección del consumidor de Nuevo México. El monto total asciende a 375 millones de dólares. La empresa ha anunciado que apelará el veredicto, según recoge Associated Press (AP).

La sentencia no pide, por ahora, ningún cambio en la conducta de las plataformas de la compañía, lo que dependerá de la decisión de un juez —y no de un jurado, como ahora— en una segunda parte del juicio que empezará el 4 de mayo. En esta ocasión, se evaluará si las prácticas de Meta suponen una alteración del orden público que la empresa deba compensar pagando programas que reviertan los posibles daños.

Seis millones a Meta y YouTube por daños a una mujer

La segunda sentencia, que llegó 24 horas más tarde, ha estado centrada en el caso de una joven que afirma que desarrolló un comportamiento adictivo con YouTube, Instagram, Snapchat y TikTok a partir de los nueve años debido al diseño de las plataformas, destinado a doblegar la atención, explica Reuters. Snap (propietaria de Snapchat) y la empresa china llegaron a un acuerdo económico con la denunciante en enero para evitar el juicio, según Deutsche Welle (DW).

El jurado, que deliberó durante más de una semana para lograr un veredicto, tal y como apunta Politico, ha condenado a Meta y Google (propietaria de YouTube) a pagar compensaciones por valor de seis millones de dólares, la mitad por daños compensatorios y la otra mitad por daños punitivos. Así lo ha anunciado Beasley Allen Lawfirm, uno de los bufetes de abogados que ha participado en la causa. Ambas empresas, penalizadas con 4,2 y 1,8 millones de dólares, respectivamente, se han mostrado en desacuerdo con la sentencia, explica Poynter.

K.G.M., que ahora tiene veinte años, aseguró en la demanda que las plataformas la habían abocado a un uso compulsivo de las redes sociales a una edad muy temprana, y que los riesgos no se alertaban de forma adecuada ni a usuarios ni a familias. La joven relaciona este uso adictivo con procesos depresivos y de ansiedad, dismorfia corporal, ideaciones suicidas y otros problemas de salud mental y emocional.

Un caso que puede sentar precedente

El caso de California es uno de los miles abiertos en Estados Unidos basados ​​en acusaciones similares. El juicio era, de hecho, parte de un Judicial Council Coordinated Proceedings (JCCP) del estado de California, un gran grupo de casos coordinados que dependen del Tribunal Superior de Los Angeles. Este fue un “juicio de referencia” (bellwether trial, en inglés), una modalidad “diseñada para testar evidencia clave y argumentos legales que, habitualmente, apuntan a la dirección de miles de procesos similares en el conjunto del país”, explica Beasley Allen Lawfirm.

El bufet especializado Social Media Victims Lawfirm, que lleva cientos de casos similares en Estados Unidos, coincide en el diagnóstico: “Este veredicto […] establece un marco en la forma en que se evaluarán expedientes similares a lo largo del país y demuestra que los jurados están dispuestos a hacer responsables a las empresas tecnológicas cuando la evidencia muestra daños previsibles”, explicaba su fundador Matthew P. Bergman en una nota de prensa. «Las familias […] pueden señalar esta resolución como prueba de que estas acusaciones merecen ser escuchadas», concluía.

La legislación europea obliga a las plataformas a mitigar riesgos sistémicos

La Ley de Servicios Digitales europea (DSA, por sus siglas en inglés) contempla en los artículos 80, 81, 82 y 83, que las plataformas son responsables de detectar y mitigar los “riesgos sistémicos” a los que puedan exponer a los usuarios.

Estos incluyen “el mal uso de sus servicios para hacer delitos penales y llevar a cabo actividades ilegales”, el impacto real o previsto sobre “los derechos de protección de los niños y los consumidores”, por ejemplo por el “diseño de los sistemas algorítmicos empleados”, o que el diseño de las plataformas pueda tener “efectos negativos reales o previstos en la protección de la salud pública, los menores y consecuencias negativas serias sobre el bienestar físico y mental de una persona”. Las tres son cuestiones en las que los jurados estadounidenses han basado sus veredictos.

Sea como fuere, los efectos de las redes sociales sobre la salud es algo que, más allá de los litigios, lleva años preocupando a la comunidad científica. La naturaleza de los análisis ha complicado la extracción y confirmación de relaciones de causa-efecto a pesar de que se han publicado cientos de estudios al respecto, tal y como hemos explicado. Sin embargo, las plataformas tampoco han demostrado que sean inocuas, tal y como recordaba la Associació lliure de mòbils en el Debate Verificat que organizamos al respecto, en el que abogaban por aplicar el Principio de Precaución, incluido en el Tratado Fundacional de la Unión Europea.