El Estado es el principal accionista de la empresa privada Red Eléctrica de España (REE), pero sus participaciones no son mayoría

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, afirmó el 28 de abril, en la noche del apagón en la península Ibérica, que la Red Eléctrica de España (REE) es un “operador privado”. Lo hizo en la segunda declaración institucional del día (minuto 3:56), que se llevó a cabo tras la segunda reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, sobre las 22:30 horas. Multitud de titulares de diferentes medios de comunicación y portales web sembraron dudas sobre la veracidad de la declaración de Sánchez

TE LO EXPLICAMOS. La corporación Red Eléctrica de España es la filial principal de Redeia, empresa privada desde 1999. No obstante, el Estado es su accionista mayoritario: un 20% del total, según el Informe de Gobierno Corporativo de 2024 de Redeia. Además, la ley 17/2007, de 4 de julio, establece limitaciones legales para que ningún otro accionista posea más del 5% del capital social.

La Red Eléctrica de España es un «organismo privado»

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español

Red Eléctrica de España es una filial, que supone el 93% de los ingresos del grupo, de Redeia, una empresa privada en forma de sociedad anónima que cotiza desde 1999 en el Ibex 35. Redeia no forma parte del Sector Público Institucional de la Administración del Estado (SPI), tal como ha confirmado Verificat al comprobar que no aparece en el buscador de entes del SPI.

Presencia del sector público

Entre su accionariado destaca la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), empresa pública encargada de gestionar las participaciones empresariales de titularidad pública, con un 20% del total. Le sigue Pontegadea Inversiones, S. L., cuyo titular es Amancio Ortega, dueño de Inditex, con una participación directa del 5% del capital social, y Blackrock Inc con una participación indirecta del 4,64%. 

Asimismo, Redeia tiene limitaciones legales en cuanto a la cantidad de participaciones que pueden acumular sus accionistas. La ley 17/2007, de 4 de julio restringe a cualquier socio al 5% de las acciones y al 3% de los derechos políticos (toma de decisiones), que se recorta al 1% para quienes realicen actividades en el sector eléctrico o participen en su capital. Sin embargo, para la SEPI existe un régimen especial que indica la imposibilidad de tener menos de un 10% de las acciones.

Además, según dice la normativa, el director ejecutivo de la organización “será nombrado y destituido por el Consejo de Administración de la sociedad […] con el visto bueno del Ministro de Industria, Energía y Turismo”. Esto evidencia la relación entre los miembros del consejo de Administración, y sus presidentes, con los sucesivos gobiernos del Estado. Desde 2020 su presidenta es Beatriz Corredor, exministra de Vivienda y afiliada al PSOE. Entre 2018 y 2020 estuvo Jordi Sevilla, también del PSOE. Previamente y coincidiendo con el mandato de Rajoy, la presidencia la ocupó José Folgado, secretario de Estado del Partido Popular.

“No podemos hablar formalmente de sociedad pública ni directamente de control público, pero el factor de la administración del Estado es determinante en la elección de una parte de los miembros del Consejo de Administración y su Presidente, lo que le permite un control indirecto”, explica Josep Maria Aguirre, profesor agregado de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, a Verificat. 

En cualquier caso, su naturaleza jurídica es privada. Concretamente, su privatización se culminó el 23 de abril de 1999 con su salida a bolsa, tal y como se indica en la web del SEPI.