La ley no prohíbe enseñar imágenes de fetos a embarazadas, sino acosar a mujeres que quieren abortar

Ha circulado en X una publicación viral (con 2.000 me gusta y 108.000 visualizaciones) que afirma que en España está prohibido enseñar imágenes realistas del feto a una gestante, un mensaje que hace referencia implícita al derecho al aborto. Es ENGAÑOSO.

Durante un embarazo, obtener y ver imágenes de los fetos no solo es legal, sino que también es rutinario. El delito al que podría referirse el usuario es el de acoso a mujeres que buscan abortar en clínicas o centros acreditados mediante “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos”, tipificado en el Código Penal, y que el mismo usuario ha criticado en el pasado en X. Las imágenes que comparte, sin embargo, no son las ecografías habituales, sino una reconstrucción en 3D de una tomografía asistida por ordenador, un tipo de prueba prácticamente inexistente en embarazadas.

«Enseñarle estas imágenes [vídeo de la reconstrucción en 3D de la tomografía de un embarazo] a una mujer embarazada en España está prohibido»

El gobierno español aprobó en el mes de abril de este año el proyecto de reforma constitucional para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del artículo 43, de la protección de la salud, como hizo Francia en 2024.

A raíz de esta propuesta han proliferado la desinformación y los discursos en contra del derecho al aborto. En Verificat explicamos que el síndrome postaborto no es una enfermedad reconocida por la ciencia y que abortar no causa más problemas de salud mental que no hacerlo.

En este contexto, las imágenes virales, publicadas por dos usuarias que se identifican como profesionales del diagnóstico por la imagen en TikTok con 10 millones de visualizaciones, muestran mediante una tomografía a un feto de 32 semanas. Las imágenes no son habituales porque este tipo de prueba, que permite ver en detalle el esqueleto del feto, es radiactiva y puede provocar malformaciones. Además, un embarazo de 32 semanas está fuera del plazo previsto por la ley española del aborto y solo se podría interrumpir en caso de que un comité clínico dictaminara que el feto tiene “anomalías incompatibles con la vida”, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, que regula el aborto.

En la normativa legal española no hay ninguna prohibición general de enseñar imágenes del feto a una mujer embarazada. Una prohibición de este tipo haría que un ginecólogo u obstetra no pudiera enseñar imágenes, diagramas o vídeos sobre el embarazo a sus pacientes. Según el protocolo de seguimiento del embarazo elaborado por la Agencia de Salud Pública de Catalunya, se recomienda realizar tres ecografías durante el embarazo, con las que es posible ver imágenes o escuchar el latido cardíaco.

Aunque la tecnología detrás de las ecografías prenatales está cada vez más desarrollada, y permite obtener imágenes en 3D y 4D del feto, no es habitual realizar tomografías a embarazadas, como las que muestra el vídeo viral, como explica a Verificat Alberto Rodríguez Melcón, médico y consultor del Servicio de Obstetricia de Dexeus Mujer.

El motivo son los altos niveles de radiación que emite el procedimiento, como explica la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Se realizan solo “en determinadas situaciones clínicas donde pueda ser necesario realizar un TAC”, explica Rodríguez Melcón.

No está prohibido enseñar imágenes de un embarazo, sino coaccionar a la gestante

Algunos grupos de personas contrarias al aborto utilizan imágenes y figuras realistas de fetos para disuadir a las mujeres que acuden a las clínicas donde se practica el aborto, como han documentado medios como RTVE, Cadena Ser y El Confidencial, incluso haciendo ecografías desde furgonetas aparcadas en la entrada o abriendo locales alrededor de los centros médicos, como ha informado El País.

La prohibición que menciona de manera descontextualizada la publicación se refiere a forzar a una mujer a ver imágenes de un embrión o un embarazo o coaccionarla de cualquier manera para que no aborte.

El artículo 172 quáter del Código Penal, introducido por la ley orgánica 4/2022, impone una pena de prisión de entre tres meses y un año, o trabajos comunitarios, para quien “acose a una mujer” para obstaculizar “el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” mediante “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. La ley hace referencia directa, en el preámbulo, a los grupos que utilizan “fotografías, fetos de juguete y proclamas”. También penaliza el acoso a trabajadores sanitarios. El Tribunal Constitucional avaló la ley en mayo de 2024.

La paciente tiene derecho a no ver las pruebas médicas

Por otra parte, aunque una persona que quiere abortar puede tener que someterse a pruebas médicas como la ecografía, no tiene la obligación de ver las imágenes, y nadie puede obligarla a hacerlo.

La ley 41/2002, de autonomía del paciente, reconoce en el artículo 4 el derecho a acceder a toda la información, así como el derecho a no ser informado si así se desea. El objetivo de la ecografía en el contexto del aborto es clínico (como explica el protocolo del Departament de Salut) y no puede ser utilizada como herramienta disuasoria.

“La ecografía se muestra si la mujer expresa que la quiere ver; si no, no se muestra ni se escucha el latido”, explica a Verificat el departamento de prensa de la unidad de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR) de la Atención Primaria Metropolitana Norte, del Institut Català de la Salut.

Intentos previos para forzar a las mujeres a ver ecografías o escuchar el latido fetal

Cuando en 2010 se legalizó el aborto, el artículo 14 de la ley establecía un período obligatorio de tres días de reflexión entre la primera y la segunda visita, y el artículo 17, que la gestante recibiera un sobre con información sobre las ayudas para embarazadas y bebés (no incluía una imagen de la ecografía). Los dos requisitos fueron eliminados con la reforma de la ley 1/2023, que también permitió que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años abortaran sin permiso de los tutores legales.

En 2013, UPN propuso una modificación a la ley 2/2010 para hacer obligatorio mostrar a las gestantes una ecografía del embrión antes de la decisión final. La proposición fue retirada.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido que “en ningún caso y de ninguna manera” se puede obligar a nadie a una prueba diagnóstica que no quiera, como informó Infosalus.

Propuestas para implementar zonas seguras alrededor de las clínicas

Un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) de 2018, antes de que se aprobara la norma, con un grupo de 300 mujeres que habían abortado, observó que el 89% había experimentado alguna forma de acoso y el 67% se habían sentido amenazadas por grupos antiabortistas en las puertas de los centros. De estas, el 20% había recibido papeles con información contra el procedimiento, al 12% le habían obstruido el paso, y al 40% la habían acosado de diversas maneras, incluido verbalmente.

Diversos medios han denunciado que las manifestaciones continúan después de la prohibición del acoso, como RTVE, Diari Ara y El Salto.

El Defensor del Pueblo recomendó en 2020 establecer zonas de seguridad en la entrada de los centros, para que el ejercicio de la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de religión “se ejerzan cotidianamente, pero no pueden hacerlo recurriendo a la violencia, la intimidación o la coacción contra otras personas”. El Ministerio de Igualdad estudia implementarlas, según informó Europa Press.

En Catalunya, la Dirección General de Administración de Seguridad del Departamento de Interior dictó en 2024 una resolución para modificar las condiciones para las concentraciones de los grupos antiabortistas a las puertas de los centros médicos los días 17 de febrero y 8 de marzo: una distancia mínima respecto a los centros que impidiera a los manifestantes ejercer control visual sobre las personas que accedieran a ellos ni a las concentraciones como a las concentraciones puertas, como publicó Diari Ara y ha confirmado el departamento de prensa del Departamento de Interior en Verificado.

La recomendación general número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas establece que “el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos son formas de violencia por razón de género”.