¿Qué sabemos del trato del Govern de Lluís Companys a los religiosos durante la Guerra Civil?

La fundación Abogados Cristianos, en una carta esta semana a la Santa Sede, ha criticado el acto de oración que el papa León XIV tiene previsto realizar en el Estadio Lluís Companys en su visita a Catalunya en junio, argumentando que el expresident de la Generalitat fusilado por el franquismo fue responsable de la muerte de miles de clérigos y sacerdotes. Estas atribuciones de crímenes a Lluís Companys circulan periódicamente por publicaciones en redes, medios de comunicación y portales web. También lo esgrimió Vox en el 2024.

Aunque está probado que en la retaguardia republicana, grupos anarquistas y revolucionarios cometieron miles de asesinatos y otros crímenes contra clérigos, empresarios y personas vinculadas a partidos conservadores, la historiografía reconoce que la Generalitat desplegó esfuerzos por salvar miles de vidas de personas que eran objetivo de esa represión. ¡Te lo explicamos!

«Bajo el mandato directo de Companys fueron asesinadas más de 8.000 personas, entre ellas tres obispos y más de 2.500 sacerdotes y religiosos«

Durante los meses posteriores al golpe de Estado, las milicias anarquistas y revolucionarias que habían detenido el alzamiento franquista en Catalunya ejercieron una represión contra religiosos, empresarios y conservadores que se saldó con la muerte de miles de personas, según cálculos académicos. De todas formas, historiadores internacionales e investigaciones subrayan el papel de la Generalitat republicana de Lluís Companys para “salvar vidas”, y reconocen que ayudó a hasta 10.000 personas perseguidas a huir del país.

La Generalitat de Companys evacuó a miles de religiosos y perseguidos 

El historiador británico Paul Preston, especializado en la Guerra Civil, describe en El Holocausto español que la Generalitat “centró todos sus esfuerzos en salvar vidas” durante el período de “dominación anarquista”.

“El gobierno catalán expidió salvoconductos a católicos, empresarios, diestros, individuos de clase media y miembros del clero”, explica el historiador, con unos pasaportes que permitieron embarcar en Barcelona a más de 10.000 personas en barcos extranjeros. En los casos en que las personas corrían peligro si no escondían su identidad, los documentos se expedían con un nombre falso.

El historiador británico detalla que en 1939 el gobierno francés reconoció haber evacuado de Barcelona a unos 6.630 ciudadanos, de los que 2.142 eran curas, monjes y monjas. A finales de agosto de 1936, el consulado de Italia en Barcelona, ​​país que estaba en manos del líder fascista Benito Mussolini, confirmó también la evacuación de 4.388 personas en barcos italianos.

Los historiadores Joan Villarroya y Josep Maria Solé, que han estudiado la represión en la retaguardia catalana durante la Guerra Civil, coinciden en las conclusiones. En conversación en Verificat hace dos años, a raíz de una propuesta de Vox para «rendir homenaje a las víctimas de Lluís Companys», Villarroya explicó que la violencia se encontraba «al margen de las instituciones y no obedecía órdenes ni instrucciones de éstas, a diferencia de la ola de violencia de los militares sublevados».

Asimismo, Preston describe que «una prueba adicional» del esfuerzo de la Generalitat en combatir la violencia incontrolada fue «la importante investigación emprendida por las autoridades catalanas en abril de 1937 para esclarecer los asesinatos cometidos durante los primeros meses de la guerra y localizar los cementerios clandestinos donde se enterraba a las víctimas».

Companys no tiene una “responsabilidad directa” en los asesinatos

El historiador de la Universitat de Barcelona Oriol Dueñas defiende, en conversación con Verificat, que la Generalitat tuvo una «responsabilidad indirecta» en los asesinatos por haber perdido el control del orden público durante la guerra, que era su competencia. Sin embargo, niega una «responsabilidad directa» de Companys y del Govern porque, según remarca, no hay ninguna orden del presidente o de otros responsables del ejecutivo catalán ni de Esquerra Republicana para ejecutar y perseguir a personas del clero o de sectores conservadores.

El historiador de la UB pone como ejemplos a algunos consellers de Companys, como Buenaventura Gassol y Josep Maria Espanya, que tuvieron que huir al extranjero porque fueron amenazados de muerte por grupos anarquistas precisamente por su labor al intentar salvar vidas de religiosos y formaciones conservadoras.

Coincide con esta visión Arnau González Vilalta, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona entrevistado el pasado 7 de mayo en RAC1 (minuto 56:13 y minuto 00:00). Defiende que Companys y su gobierno salvaron la vida «a todo el mundo que pudieron» y que al expresidente «lo único que se le puede adjudicar es la incapacidad para salvar más».

Miles de asesinatos por la violencia revolucionaria

Tras el fracaso del golpe de estado de julio de 1936 en diversas zonas de España, en la zona republicana estallaron focos de violencia por parte de grupos revolucionarios que habían parado el levantamiento de los insurgentes franquistas. En Catalunya, los principales autores de esta violencia fueron los anarquistas vinculados al sindicato CNT y la FAI, tal y como explica Dueñas a Verificat.

En los primeros meses después del golpe de estado, la Generalitat de Catalunya, comandada por el presidente Lluís Companys, perdió el control del orden público. Para hacer frente a los insurgentes franquistas, el propio Companys delegó parte de sus responsabilidades al Comité Central de Milicias Antifascistas, explica Dueñas, que se erigió en un “contrapoder” controlado principalmente por los anarquistas, pese a que también tenía representantes del resto de partidos y organizaciones que se habían enfrentado al golpe de estado. Fueron los comités antifascistas quienes perpetraron la persecución a religiosos y miembros de partidos afines a los sublevados, con miles de asesinatos. 

En el bando republicano fueron asesinados 6.832 religiosos católicos en todo el Estado, según estimaciones publicadas en 1961 por el obispo Antonio Montero Moreno, historiador de la Universidad de Salamanca, en el libro Historia de la persecución religiosa en España (1936-1939) (página 762), aunque el autor matiza que esta catalogación no está «exenta de errores o de lagunas». El historiador Paul Preston avala esta publicación como el “estudio más fiable” para estimar la violencia contra los religiosos en el bando republicano.

Según Arnau González, en Catalunya se cometieron unos 8.000 asesinatos durante la Guerra Civil (minuto 58:45), aunque apunta que los autores fueron principalmente grupos de anarquistas, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y “otros sectores de la extrema izquierda”.

En El Holocausto español, Preston describe que la ausencia de poder policial y judicial justo después del golpe de estado derivó en actos de violencia que no tenían como único objetivo a los clérigos, sino a todos los “sectores favorecidos por la sublevación” como sacerdotes, policías y guardias civiles, empresarios y terratenientes.

Los actos violentos, continúa Preston, tenían a menudo una «dimensión revolucionaria», como era la quema de registros en fincas o la ocupación de viviendas de ricos en grandes ciudades. Sin embargo, matiza que también hubo «simples actos criminales, asesinatos, violaciones, robos y ajustes de cuentas contra la antigua clase dirigente».

Armamento de los sindicatos anarquistas revolucionarios

El president Companys, según detalla Preston, se negó a distribuir armas a la población, pero «no pudo impedir que los militantes anarcosindicalistas asaltaran los arsenales», lo que les permitió reunir cerca de 50.000 armas.

Dueñas coincide con esta idea: los grupos anarquistas empezaron a utilizar armas derivadas de conflictos anteriores al estallido de la Guerra Civil y, sobre todo, de los asaltos a cuarteles del ejército, que se anuló en Catalunya por el fracaso del golpe de estado.

La consecuencia inmediata del golpe de estado en Barcelona, ​​añade Preston, fue el «colapso del orden público». Aquellos días, se generó una «confusa relación entre las instituciones del estado y los sindicatos anarquistas que ostentaban de facto el poder».

Una red para proteger el patrimonio

Los esfuerzos de la Generalitat, más allá de la protección de personas, estuvieron también destinados a preservar el patrimonio catalán, sobre todo de la Iglesia, que sufrió ataques de grupos que quedaban fuera de control del ejecutivo catalán. El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) organizó una exposición en 2022 para explicar la labor «de todas las personas y entidades que se involucraron en la defensa y el salvamento del patrimonio en el contexto de la guerra», entre las que destaca «la labor extraordinaria» de las autoridades catalanas.

La exposición del MNAC, que llevaba por título «¡Museo en peligro!», recogió los esfuerzos por «el arreglo, la ordenación, catalogación, documentación y restauración» del patrimonio catalán, que supuso «la primera política pública de gestión patrimonial de la Catalunya contemporánea», explica el museo.