

Las sanciones económicas han sido uno de los instrumentos utilizados por las últimas administraciones de la Generalitat para castigar Renfe por supuestas malas prácticas comerciales. Antes de la multa de 900.000 euros impuesta por el gobierno de Pere Aragonès, pendiente de la justicia, el ejecutivo de Carles Puigdemont se había enfrentado a la operadora estatal por no informar a los pasajeros de la política de precios y vulnerar sus derechos lingüísticos. Ahora, Verificat ha sabido gracias a la ley de transparencia que esta sanción de 2017, que rozaba los 1,2 millones de euros, fue tumbada por la justicia.
En una sentencia fechada del 2019 que hasta ahora no había trascendido a los medios de comunicación, la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón a Renfe y anuló la sanción de la Generalitat. La resolución tumbada del departament d’Empresa i Coneixement era fruto de un expediente de la Agencia Catalana del Consumo iniciado en 2015, durante el ejecutivo anterior.
Los motivos citados por el tribunal no tienen que ver con las infracciones que el gobierno había imputado a Renfe, sino con errores en el procedimiento sancionador. Concretamente, el TSJC recrimina que la resolución definitiva modificó los cargos que Consumo había imputado a Renfe en su propuesta de sanción. Estos cambios de redactado, sin avisar debidamente a la empresa ferroviaria, supusieron una vulneración de su derecho a la defensa, según lee la sentencia, que se puede consultar en el registro del Consejo General del Poder Judicial.
Verificat ha obtenido esta información después de un procedimiento de transparencia de más de seis meses. La solicitud de acceso a la información pública tramitada a Consumo en mayo de 2025 fue protestada por Renfe, que presentó alegaciones para evitar la entrega de los datos. Finalmente, Consumo ha estimado parcialmente la solicitud de transparencia, entregando a Verificat los detalles de las sanciones de los últimos diez años que ya tienen sentencia firme, y las fechas de procedimientos que todavía están pendientes del tribunal.
Verificat ha contactado con Renfe para pedir su valoración, pero en el momento de publicar esta noticia no ha recibido respuesta.
Anulada la multa por no informar de la política de precios
Una de las sanciones anuladas es la más importante de los últimos años. En septiembre del 2016, la directora de Consumo propuso multar a Renfe con 2,3 millones de euros por no informar a los usuarios de un recargo económico que se aplicaba cuando se compraban billetes de tren en las taquillas, y que las máquinas expendedoras no cobraban.
Una falta “muy grave”, consideró el ente público, que también castigó a la empresa por no tener un teléfono gratuito para atender incidencias en los trayectos de media y larga distancia y por vulnerar los derechos lingüísticos de los usuarios, puesto que no imprimía facturas en catalán.
Tras un recurso de Renfe, el departament d’Empresa mantuvo la sanción, pero rebajó la multa a los 1,2 millones de euros, cerca de la mitad de la propuesta de Consumo. Esta resolución modificó el redactado de las infracciones cometidas, por lo que el TSJC la terminó anulando.
Según se desprende de la sentencia, el texto anulado lo firmó el Conseller d’Empresa el 26 de octubre del 2017, el último día que Santi Vila ocupó este cargo. Esa misma noche anunció su dimisión, y al día siguiente el gobierno español disolvió la Generalitat después de la aprobación del artículo 155 de la Constitución.
La decisión del TSJC no era firme, pero la Generalitat no la recorrió, según ha explicado en Verificat el departamento de comunicación de la Agencia Catalana de Consumo.
Según la sentencia, la Generalitat era consciente de este error, ya que un informe jurídico del departamento avisaba de que, «para próximas situaciones similares», se recomendaba «retrotraer [retroceder en] las actuaciones y modificar la redacción», «o mantener los cargos con la redacción inicial y defenderlos».
Aparte de la sanción millonaria, la información obtenida por transparencia registra la anulación judicial de otra multa, esta vez de 12.000 euros, impuesta por Consumo en 2016. Renfe ya la había abonado, y la administración tuvo que devolver el importe. El motivo del expediente era la vulneración de derechos lingüísticos y el no cumplimiento de las obligaciones de atención a los consumidores. Al ser una sentencia de un tribunal menor (el 14 Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona), el CGPJ no ha publicado el documento.
Renfe, pendiente de una multa de 900.000 euros de la administración Aragonès
Los datos entregados a Verificat también hacen referencia a los tres expedientes abiertos contra Renfe en 2023, durante el gobierno de Pere Aragonès, si bien no indican las cantidades reclamadas. Desembocaron, conjuntamente, en una sanción de 900.000 euros por vulnerar los derechos de los consumidores en una avería de la línea R2-Sud en mayo de ese año, según informaron varios medios como 3Cat, Ara o Diari de Tarragona, y ha podido confirmar Verificat.
Inicialmente, Consumo propuso una sanción de 700.000 euros, pero el Govern —que debe validar las sanciones muy graves— decidió elevarla a 900.000.
Concretamente, la Generalitat consideró que Renfe llevó a cabo prácticas comerciales desleales al no informar a los consumidores de la avería a la hora de decidir si compraban billetes para realizar el trayecto afectado, según se desprende de las informaciones publicadas.
Los tres expedientes que conforman la sanción (700.000 euros en Barcelona, 100.000 en Tarragona y 100.000 en Terres de l’Ebre, según consta en autos judiciales) se encuentran actualmente en proceso judicial. Tal y como se desprende de los datos obtenidos por transparencia, Renfe recurrió la multa a la justicia contencioso-administrativa.
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