Qué es un decreto ómnibus y por qué se ha troceado para garantizar la subida de las pensiones
La medida original, aprobada en diciembre en Consejo de Ministros, fue derogada el martes 27 de enero al no recibir la convalidación del Congreso
La medida original, aprobada en diciembre en Consejo de Ministros, fue derogada el martes 27 de enero al no recibir la convalidación del Congreso
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos: uno que busca garantizar el aumento de las pensiones; y otro para introducir medidas del escudo social y suspender los desahucios a familias vulnerables sin alternativa residencial. Lo ha anunciado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior. El Ejecutivo divide así el decreto ómnibus aprobado en Consejo de Ministros en diciembre de 2025, y que el Congreso de los Diputados suspendió la semana pasada, a fin de negociar ambas medidas por separado y garantizar la subida de las pensiones, que cuentan con el apoyo de la mayoría parlamentaria.
Pero, ¿qué es un decreto ómnibus y por qué el gobierno español lo ha troceado? ¡Te lo explicamos!
¿Qué es un real decreto ómnibus?
No es una denominación oficial, sino que es la forma en que se llama un real decreto que incluye un paquete de medidas de ámbitos muy diferentes. El derogado por el Congreso la semana pasada contemplaba un aumento general de las pensiones del 2,7%, de acuerdo con el IPC, pero también incluía medidas en los ámbitos de vivienda, energía (garantías en el suministro de agua y electricidad y descuentos del bonus social eléctrico), trabajo (una prórroga al aumento del salario mínimo interprofesional hasta aprobar el de este año), tributario (exenciones y beneficios en y deducciones en ayudas por la dana y los incendios forestales) y de financiación territorial.
Un real decreto ley es una norma con fuerza de ley, previsto para situaciones de «necesidad extraordinaria y urgente», tal y como detalla la Constitución española. El Consejo de Ministros puede escribir y aprobar uno, que se publica en el BOE y entra en vigor automáticamente. Entonces, en un plazo máximo de treinta días debe someterse a votación en el Congreso de los Diputados. Se vota a la totalidad del texto para aprobarlo o derogarlo, sin posibilidad de enmiendas. Si se deroga deja de estar en vigor y, si se aprueba, sigue vigente.
El Real Decreto-ley 16/2025 lo aprobó el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2025 y se sometió a votación en el Congreso el 27 de enero, cuando se derogó.
¿Por qué el gobierno ha troceado el decreto ómnibus?
La subida de las pensiones como medida individual cuenta con el visto bueno de buena parte del Congreso. Tanto el Partido Popular con Junts, que votaron en contra del decreto ómnibus, se han posicionado a favor.
El ámbito de la discordia ha sido el referente a la vivienda, ya que el decreto ómnibus incluía un artículo para mantener la suspensión de los desahucios y lanzamientos para las personas vulnerables sin alternativa residencial. La portavoz Míriam Nogueras explicó en una entrevista en La Hora de RTVE (minutos 2:35) que Junts per Catalunya la entiende como una medida para que “la gente pueda ocupar casas y la gente no pueda echar a aquellas personas que están ocupando sus casas y que no pagan el alquiler”.
Ahora el Ejecutivo ha tramitado dos decretos por separado: uno que garantice el aumento de las pensiones y otras medidas del denominado escudo social que cuenten con el consenso parlamentario; y un segundo que prorrogue la suspensión de los desahucios a las personas vulnerables.
Con esta división del ómnibus original, el gobierno español se asegurará de que, aunque las medidas contra los desahucios acaben cayendo en el Congreso, la subida de las pensiones pueda salir adelante.
¿Qué papel han tenido los decretos ómnibus en la reciente política española?
El gobierno español ha aprobado nueve decretos ómnibus desde el 2022, según contempla el texto del último, ya derogado, que les llama «paquetes de acciones y medidas». Los reales decretos ley 6/2022 i 20/2022, por ejemplo, se promovieron para “afrontar las consecuencias para España de la guerra de Ucrania” (el segundo también daba respuesta a la erupción volcánica de la Palma). También fueron una herramienta empleada durante la pandemia, cuando se aprobó el real decreto ley 11/2020, de Medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
María Garrote, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, explicaba el año pasado en Newtral, miembro como Verificat de las redes de verificación internacionales, que «no tiene buena técnica jurídica».