Inmigración y ayudas sociales: todo lo que debe saber para no caer en la desinformación de Vox. Oficina del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en la calle Sepúlveda, en Barcelona. Departament d’Empresa i Treball
21/11/2026
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Redacció

El acceso de las personas extranjeras a las ayudas sociales es una de las narrativas más presentes en el discurso de Vox en la campaña electoral del 29N. En diversos mítines y entrevistas, Santiago Abascal ha asegurado que reciben un trato preferente y que pasan por delante de los españoles. Con estos argumentos justifican su propuesta de “prioridad nacional”, que aboga por una política en la que “los españoles” tengan acceso preferente.

Es falso que ser extranjero suponga ningún tipo de ventaja en la gran mayoría de ayudas no contributivas: se conceden por criterios socioeconómicos, como la renta, como ya hemos detallado antes en el portal Las mentiras alimentan el odio. De hecho, algunas requieren varios años de residencia. Además, las personas en situación irregular no pueden acceder a la gran mayoría de ayudas.

Los españoles representan la mayor parte de los adjudicatarios de ayudas como el ingreso mínimo vital, la renta garantizada de ciudadanía o la vivienda protegida, si bien las personas extranjeras están sobrerrepresentadas en algunas estadísticas. Esto se debe a factores económicos: tienen tasas de pobreza hasta tres veces más elevadas que la población española.

La residencia legal es uno de los requisitos básicos para acceder a ayudas y servicios sociales

La gran mayoría de ayudas y servicios requieren, al menos, el permiso de residencia, por lo que las personas en situación irregular no pueden acceder a ellos. Los únicos dos servicios que no requieren la residencia legal en España son el acceso a la sanidad universal y a la educación para los menores de edad, como hemos explicado anteriormente.

El acceso a la sanidad pública es un derecho universal en España, y como tal tienen acceso a él los españoles y los residentes, así como personas no registradas o autorizadas como residentes. Para acceder, solo es necesario estar empadronado o demostrar la residencia efectiva en el territorio, y obtener una tarjeta sanitaria individual.

En algunas ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital, se exige un tiempo mínimo de residencia, en este caso, un año. Para obtener la pensión no contributiva por jubilación es necesario haber residido en España 10 años, y para la de invalidez, 5.

El programa electoral de Vox para el 29N contempla “suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales”. Sin embargo, una persona en situación irregular solo puede acceder a la sanidad y, en caso de ser menor de edad, a la enseñanza pública, “sea cual sea su situación administrativa”, como establece la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros.

Una parte de las ayudas que ofrece el Estado son contributivas, es decir, se requiere generalmente una cotización mínima a la Seguridad Social. Por lo tanto, no pueden optar a ellas las personas que no hayan trabajado.

En el caso de las no contributivas, para las que solo se exige la residencia, se tienen en cuenta diferentes factores socioeconómicos; el más importante es la renta. La nacionalidad no es un criterio, pero en algunas ayudas las personas extranjeras están sobrerrepresentadas. Un hecho relacionado con que tienen tasas de riesgo de pobreza superiores.

En Catalunya, algunas ayudas educativas no tienen el permiso de residencia o trabajo como requisito indispensable, como hemos explicado anteriormente. Muestra de ello son las becas comedor, que pueden solicitar las familias de menores empadronados y escolarizados en Catalunya, como ha confirmado a Verificat el Consorci d’Educació de Barcelona. También el vale escolar de 60 euros que reciben las familias de todo el alumnado para adquirir material educativo. El hecho de haber nacido en otro país no supone ninguna ventaja.

El IMV va mayoritariamente a españoles, pero los extranjeros están ligeramente sobrerrepresentados

La principal ayuda no contributiva del Estado es el Ingreso Mínimo Vital, una prestación destinada a garantizar un mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica que hayan residido legalmente en España de forma continuada en los últimos 12 meses, como mínimo. Para repartir el IMV se tienen en cuenta las rentas, el nivel de ingresos y el patrimonio de la unidad de convivencia del solicitante, según la Ley 19/2021 que regula la ayuda.

En octubre de 2026 había 911.274 titulares de esta prestación, de los cuales la amplia mayoría eran españoles, un 82,7 % (753.264) y un 17,3 % eran extranjeros (157.700), según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Así, las personas con nacionalidad extranjera están ligeramente sobrerrepresentadas, ya que representan el 15,1 % de la población.

De media, el IMV otorgó 524,6 euros por hogar, a un total de 2.781.679 personas.

En 2024, un 4,8 % de las personas migrantes y un 3,6 % de la población con nacionalidad española total percibían el IMV, según el informe La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas del Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo del Gobierno español, que publicó su última edición en 2025. “La proporción de población extranjera perceptora del IMV es muy inferior a la que se esperaría de un sistema de protección social”, afirma el informe.

Esto, teniendo en cuenta que la población en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) entre los migrantes no europeos es más del doble que entre la población española (53,5 % frente al 20,5 %), y la carencia material o social severa casi triplica a la registrada entre la población española (17,4 % frente al 6,4 %), según datos del INE de 2025.

Más allá del IMV: por lo que respecta a los usuarios de los servicios sociales en general, la Memoria del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales de 2024 refleja que el 78 % de los usuarios de todo el Estado eran de nacionalidad española.

En Catalunya, los extranjeros tampoco reciben la mayoría de la RGC

En el caso de Catalunya, los datos corroboran la misma tendencia. En 2024, el 73,4 % de los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía tenían la nacionalidad española, y el 27 %, extranjera, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Los extranjeros, que representan el 19 % de la población, también están sobrerrepresentados en ella.

En Catalunya, en 2025 las tasas de pobreza de la población inmigrante también más que duplican las de la población española: el 49,7 % estaba en riesgo de pobreza o exclusión social frente al 17,5 % de las personas con nacionalidad española, de acuerdo con la tasa AROPE publicada por el Idescat.

El acceso a la vivienda protegida también tiene en cuenta los ingresos

Vox también ha hecho diversas alusiones a una supuesta prioridad en el acceso de la población extranjera a la vivienda de protección oficial (VPO), así como a las ayudas a la vivienda. Para acceder a ella es obligatorio tener residencia legal en España, y se conceden con arreglo a diferentes criterios como los ingresos, la composición familiar, el municipio o barrio de residencia y posibles situaciones de vulnerabilidad.

Según datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya obtenidos por Verificat a través de una petición de transparencia, solo el 15 % de las viviendas de protección oficial adjudicadas entre 2024 y septiembre de 2025 fueron a parar a personas extranjeras (identificadas con NIE), cuando representan el 19 % de la población de Catalunya.

En años anteriores, este porcentaje había oscilado entre el 9 % y el 23 %, dependiendo del año.

Texto elaborado por Ariadna Mañé, Laura Cercós Tuset, Ona Sindreu Cladera y Alba Tobella.

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