Verificat firma una carta para reclamar al Congreso la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA)
El documento, impulsado por Maldita.es, cuenta con el apoyo de veinte organizaciones y cuarenta investigadores
El documento, impulsado por Maldita.es, cuenta con el apoyo de veinte organizaciones y cuarenta investigadores
Tres años después de la entrada en vigor del Reglamento de la UE de Servicios Digitales, la ciudadanía de Catalunya y del conjunto del Estado todavía goza de menos garantías y de una protección menor en materia digital que la de millones de ciudadanos europeos. Con el objetivo de remediarlo, Verificat ha firmado una carta para reclamar a los grupos parlamentarios del Congreso que den luz verde a las competencias y recursos que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) necesita para implementar la DSA en España.
El reglamento, más conocido como Digital Services Act (DSA) por su nombre en inglés, es una regulación fundamental para garantizar que las plataformas digitales y los principales motores de búsqueda actúan según unas normas establecidas, con la obligación de identificar y reducir los riesgos que, en algunas ocasiones, sus servicios suponen para los menores de edad, la salud, las elecciones o la desinformación. También abre posibilidades inéditas hasta ahora para que la comunidad académica pueda estudiar qué sucede en dichas plataformas.
«Regular la desinformación es una misión titánica y la Ley de Servicios Digitales (DSA) es un acuerdo de mínimos en la dirección correcta. El primer paso es cumplirla», afirma la directora de Verificat, Alba Tobella, que apela a las formaciones políticas catalanas con representación en el Congreso a «ayudar a desencallar la situación».
Derechos vulnerados
Impulsado por la Fundación Maldita.es, el documento cuenta con el apoyo de más de veinte entidades y cuarenta miembros de la academia. «Pese a la existencia de propuestas parlamentarias en trámite que abordan la cuestión, España sigue incumpliendo sus obligaciones tres años después de la entrada en vigor de la ley», recoge el escrito.
En este sentido, también alerta de que la ciudadanía en España «goza de menos garantías y de una protección menor» respecto a otros millones de ciudadanos de Europa y lamenta que «nuestros investigadores y académicos no cuentan con la intermediación de la CNMC para acceder a datos clave de las grandes plataformas y así estudiar los riesgos derivados de su diseño».
Una ley con un amplio apoyo
En aplicación de esta regulación, los Coordinadores de Servicios Digitales de cada estado miembro juegan un papel clave, ya que son las autoridades independientes responsables de gran parte de su ejecución. Pese a que la ley fue aprobada en Europa con un amplio apoyo, también entre los eurodiputados catalanes, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplirla por no haber dado a la CNMC las atribuciones necesarias para desplegarla en España.
Verificat es la única plataforma de fact-checking de Catalunya que se suma a la carta que, a nivel catalán, cuenta también con el apoyo de entidades como FemBloc, Irídia e Xnet. En el ámbito académico, el documento está firmado por representantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), o la Universitat Pompeu Fabra (UPF).