El gobierno italiano no ha prohibido el hiyab en las escuelas del país

Se ha hecho viral en castellano y en catalán un mensaje que asegura que el gobierno italiano encabezado por la primera ministra, Giorgia Meloni, «prohíbe desde hoy la utilización del hiyab musulmán en las escuelas públicas y privadas en toda Italia».

Es FALSO. No hay ninguna normativa vigente o en trámite que prohíba el uso del hiyab en las escuelas en el registro de la Cámara de los Diputados y el Senado de la República. Así nos lo ha confirmado también el equipo de fact-checking de Pagella Politica, una agencia de verificación italiana miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN), como Verificat.

«La primera ministra de Italia Georgia Meloni prohíbe desde hoy la utilización del Hiyab musulmán (pañuelo a la cabeza) en las escuelas públicas y privadas en toda Italia.»

El partido de Meloni, Fratelli de Italia, ha presentado una propuesta para aumentar las sanciones a las personas que durante manifestaciones públicas hacen uso de objetos que pueden dificultar su reconocimiento, pero la iniciativa no es para prohibir el velo en las escuelas ni ha sido aprobada por la Cámara de los Diputados.

Haciendo una búsqueda en Google sobre la supuesta prohibición del velo islámico en las escuelas italianas, no encontramos ningún resultado fiable que confirme la noticia, solo un artículo de la agencia de verificación italiana Pagella Politica que precisamente desmiente que la ley italiana prohíba el velo islámico en el país.

En el registro de la Cámara de los Diputados y en el Senado de la República tampoco consta ninguna propuesta legislativa ni ley buscando por las palabras clave «velo islámico», «símbolos religiosos visibles» e «hiyab». Además, esta medida tampoco consta en el programa electoral de las últimas elecciones de 2022 de Fratelli de Italia, la formación política de la actual presidenta.

«La noticia es absolutamente falsa», según también ha confirmado a Verificat el periodista Carlo Canepa, de Pagella Politica.

Sanciones para ocultar la identidad

Hasta ahora, según una ley italiana de 1975, «está prohibido sin motivo justificado el uso de casco de protección, o cualquier otro medio que dificulte el reconocimiento de una persona, en un lugar público o abierto al público», lo que puede conllevar de uno a dos años de prisión y una multa de entre 1.000 y 2.000 euros. La sanción puede ser aún mayor en el supuesto en que esto ocurra en manifestaciones públicas. 

En esta legislatura, como explica el fact-checker Canepa a Verificat, el partido de Giorgia Meloni ha presentado una propuesta en el parlamento para modificar este artículo y aumentar las sanciones, pero no para prohibir el velo en las escuelas.

El diputado Edmondo Cirielli ha justificado que hay que endurecer estas sanciones haciendo referencia a «graves incidentes ocurridos en varias ocasiones en manifestaciones públicas, durante las cuales se produjeron enfrentamientos e incidentes […] debido a algunos jóvenes enmascarados y protegidos con casos de moto«. Por lo tanto, la iniciativa propuesta por el partido de Meloni tampoco tiene nada que ver con la prohibición de los velos islámicos en las escuelas.

Propuestas municipales para prohibir el burka no prosperaron

A nivel local, algunos municipios italianos ya han intentado prohibir otros tipos de velos integrales, como el burka o el niqab, que sí cubren el rostro, aunque no han salido adelante.

En 2004 el alcalde de Azzano Decimo, un municipio del norte del país, prohibió el uso público del burka y del niqab acogiéndose al artículo 5 de la ley de 1975, pero el Tribunal Supremo Administrativo italiano concluyó en la sentencia 3076/2008 que este artículo de la legislación italiana permite «que una persona use el velo por razones religiosas o culturales».

Otro caso mediático similar fue el del municipio de Drezzo, donde en 2004 también se prohibió el uso de velos islámicos en público, haciendo referencia tanto a la ley de 1975 como a la Ley de Seguridad Pública, que en su artículo 85 dice que «está prohibido presentarse enmascarado en lugares públicos». Sin embargo, el gobierno regional de Como anuló esta normativa dos meses después, argumentando que el alcalde no tenía competencia en asuntos de orden público, tal y como recoge la agencia de fact-checking Pagella Politica.