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<\/p>\nUn tema recurrente en el debate político catalán gira alrededor de la justicia europea y de su papel respecto a las decisiones de los tribunales españoles<\/strong>. Se refirió, por ejemplo, la nueva número 2 de Ciutadans a las elecciones del 14F, Anna Grau, el sábado en una entrevista en FAQS<\/em> de TV3<\/em><\/a> (en el minuto 2:42), donde comparó las condenas que recibieron España y Bélgica en 2019 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero no es la única. También había hablado hace tres meses el entonces presidente de la Generalitat Quim Torra, en una declaración institucional<\/a> después de comparecer en el Tribunal Supremo (en el minuto 6:15). <\/p>\n “El TEDH que, por ejemplo, ha emitido seis condenas contra el estado belga, tres contra el estado español, cuando hay un desnivel de población bastante importante”<\/p>\n<\/blockquote>\n Anna Grau, numero de 2 de Ciutadans el 14F<\/p>\n España “no supera ninguna prueba de resistencia cuando tiene que dar cuentas a Europa, que está siendo derrotada en los tribunales europeos cada vez que quiere coger unos atajos impropios a que ya nos tiene acostumbrados”<\/p>\n<\/blockquote>\n Quim Torra, expresident de la Generalitat<\/p>\n Las declaraciones sobre la relación de la justicia europea y española acostumbran a proliferar en Catalunya cuando los tribunales comunitarios o países miembro se pronuncian sobre casos relacionados con el proceso independentista. Hemos revisado los datos del TEDH y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea<\/strong> (TJUE), que se pronuncia sobre el cumplimiento de la normativa europea por parte de los Estados miembro,<\/strong> para saber cuál es la situación de España y hemos repasado los casos relacionados con el independentismo. <\/p>\n Desde que el Tribunal Supremo (TS) inició la causa del procés<\/em> en octubre de 2017, la justicia europea solo ha emitido una sentencia. El TJUE dictó el 19 de diciembre de 2019<\/a> que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tenía inmunidad como eurodiputado desde que se proclamaron en junio de aquel año los resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo celebradas el 26 de mayo<\/strong>. Según la sentencia, el TS tenía que haber puesto en libertad Junqueras, entonces en prisión preventiva, y dejarlo recoger su acta de eurodiputado en Estrasburgo. El TJUE también señaló que si la justicia española consideraba que había riesgo de fuga, tendría que haber solicitado de manera inmediata un suplicatorio, la autorización judicial que emite un país para pedir permiso en una cámara para enjuiciar uno de sus miembros.<\/p>\n El tribunal europeo, pero, no se pronunció sobre la sentencia de 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación que pesa sobre Junqueras desde octubre de 2019. La justicia española indicó en respuesta que la condena era firme<\/a> y, en consecuencia, la Eurocámara retiró a Junqueras su acta en enero del año pasado. El líder de ERC anunció que llevaría el caso ante el TEDH.<\/p>\n El dictamen del TJUE permitió que el expresident de la Generalitat y número uno en la lista para las próximas elecciones catalanas de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, así como el ex conseller de Salud, Toni Comín, se convirtieran en eurodiputados. La decisión judicial estableció que la inmunidad de los europarlamentarios rige desde el momento en que se proclaman los resultados electorales<\/strong>, sin tener que volver a España para cumplir con las normas de la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución,. Ambos, instalados en Bélgica desde noviembre de 2017, recogieron sus acreditaciones el 6 de enero<\/a> del año pasado.<\/p>\n Las euroórdenes de detención contra políticos catalanes han supuesto un gran dolor de cabeza para la justicia española, que ha visto como los sistemas judiciales de otros países europeos interpretan hechos y delitos de una manera diferente. El juez del Supremo Pablo Llarena emitió euroórdenes que involucraban a Bélgica, Suiza y Reino Unido<\/strong>, donde se trasladaron Puigdemont, Comín, Meritxell Serret (ERC) y Lluís Puig (JxCat), Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC), y Clara Ponsatí (JxCat) respectivamente después de la declaración de independencia unilateral de Catalunya, pero los sistemas judiciales de otros países europeos interpretan hechos y delitos de una manera diferente.<\/p>\n La carencia de un equivalente claro al delito de sedición en otros países europeos y la posibilidad de que algunos tribunales rechazaran las euroórdenes llevó al magistrado a <\/strong>retirarlas<\/strong><\/a> en diciembre de 2017<\/strong>.<\/p>\n La <\/strong>reactivación de las euroórdenes en marzo de 2018<\/strong><\/a> dio pie a la detención de Puigdemont en Alemania<\/strong>, cuando volvía a Bélgica en coche desde Finlandia. El código penal alemán no contempla el delito de rebelión como tal, pero castiga la alta traición con entre 10 años de prisión y cadena perpetúa<\/a>. El estado de Schleswig-Holstein, donde fue arrestado, aceptó extraditarlo por malversación, pero Llarena rehusó juzgarlo solo por desvíos de fondos públicos<\/a> y retiró entonces todas las euroórdenes.<\/p>\n Los siguientes intentos del juez para conseguir la extradición de algunos políticos catalanes tampoco han dado hasta ahora el resultado que el magistrado esperaba. Por un lado, la justicia española reclamó paralizar las euroórdenes<\/a> a la espera que la Eurocámara emita una decisión sobre la petición de retirada de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí,. Los tres declararán el jueves 14 de enero ante la comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo. En el caso de Ponsatí, Llarena reconoció en febrero de 2020 su estatus de eurodiputada, pero pidió en el Reino Unido seguir tramitando la euroorden<\/a> al considerar que perdería la inmunidad una vez ejecutado el Brexit.<\/p>\n Por otro lado, la justicia belga <\/strong>rechazó la extradición<\/strong><\/a> el 8 de enero de este año del ex consejero de Cultura Lluís Puig por presunta malversación<\/strong> del referéndum del 1 de octubre de 2017. A raíz de esta decisión, Carles Puigdemont valoró en una entrevista en Els matins de TV3<\/em><\/a> (en el minuto 11:15) que la posición del gobierno de Pedro Sánchez respecto de el procés<\/em> es una “grave vulneración de derechos fundamentales” que “afecta muy negativamente la reputación de la justicia española e incluso de la propia democracia española”, un hecho no verificable basado en la opinión de Puigdemont, pero que se puede poner en contexto con los datos sobre condenas del TEDH en España y del resto de países miembro.<\/p>\n “[La sentencia sobre la euroorden de Lluís Puig] permite y tendría que permitir a las autoridades españolas en su conjunto –por eso quisimos hacer la apelación directa al presidente [del gobierno español Pedro] Sánchez– que rectifiquen este grave error, esta grave vulneración de derechos fundamentales que afecta muy negativamente la reputación de la justicia española e incluso de la propia democracia española”<\/p>\n<\/blockquote>\n Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y número uno en la lista de JxCat el 14F<\/p>\n\n
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El procés<\/em> en Europa <\/h3>\n
Euroórdenes<\/h3>\n
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65 condenas por derechos humanos en 10 años<\/h3>\n