Iturri, la multinacional sevillana investigada por irregularidades en la facturación del servicio de mantenimiento de los camiones de Bombers y condenada en el 2018 por comisiones y facturas falsas en Canarias y las Islas Baleares, logró la adjudicación de 63 contratos de emergencia valorados en 30 millones de euros por parte de la Generalitat de Catalunya entre el 12 de marzo de 2020 y el 5 de abril de 2021. El caso de las facturas a los bomberos está en fase de instrucción en el juzgado número 14 de Barcelona desde la pasada primavera.
El 4% del total contratado con Iturri
Los 30 millones adjudicados a Iturri suponen el 4% del total otorgado por la vía de la contratación de emergencia durante el año y pico en el que se publicó esta información en la web de contratación pública. Los últimos datos son de abril del 2021, cuando los departamentos dejaron de contratar por la vía de emergencia con la excepción de Salut, el único que está autorizado para seguir realizando este tipo de pujas.
La contratación de emergencia, una fórmula legal amparada por ley y diseñada con el objetivo de que la administración pudiera atender las necesidades para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 mediante la contratación directa (sin publicidad, ni concurrencia), permitió adjudicar un total de 6.734 contratos por valor de 790 millones de euros.
De hecho, el contrato de importe más elevado fue una adjudicación a Iturri por 22,7 millones de euros por el suministro de batas de protección de agentes biológicos para el Institut Català de la Salut (ICS). La empresa Basic Devices SL y Barna Import Medica, S.A. facturaron el segundo y tercer contrato de mayor valor, de 21 y 18 millones de euros, respectivamente, por trajes, mascarillas, guantes y batas.
En el caso de Iturri, el segundo contrato más caro, tras el que adjudicó el ICS por 22,7 millones, se refiere a la compra de trajes integrales de protección por parte del Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) y sube a 1,3 millones de euros. Le sigue la adjudicación relativa a otro suministro de batas, también al ICS, por 1,17 millones de euros.
En total, 57 de los 63 contratos se refieren al suministro de material destinado a los profesionales de la salud o a los centros sanitarios. Aparte de la compra de batas y monos, también destaca la adquisición de mascarillas (en una decena de las adjudicaciones se incluye la compra de diferentes tipos de mascarillas), así como la adquisición de aparatos y equipos médicos.
El Sistema d'Emergències Mèdiques y el Institut Català de la Salut son los órganos que más contratos adjudicaron a Iturri, 18 y 17, respectivamente. Le siguen el Consorci Sanitari del Maresme, con 12, y el departament d'Interior y el Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona, ambos con 6. En cuanto a los principales contratantes por importes adjudicados, el Institut Català de la Salut encabeza la clasificación por delante del Sistema d'Emergències Médicas, el Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona, el Servei Català de la Salut y el departamento de Interior.
Iturri, proveedora habitual de la Generalitat de Catalunya
Iturri, que junto a la cúpula de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), está siendo investigada desde la primavera de 2021 en un caso que ahora se instruye en el juzgado número 14 de Barcelona, es una proveedora habitual de la Generalitat de Catalunya. Las sospechas sobre las irregularidades surgieron el pasado mes de abril a raíz de un e-mail de un responsable técnico de la DGPEIS, tal y como asegura el diario El Món, que fue el primero en publicar sobre los hechos.
De hecho, un mes y medio después de que se conociera la existencia del proceso judicial en relación al servicio de mantenimiento de vehículos contratado por el departamento de Interior, la empresa, que opera en 14 países, tenía contratos con la administración catalana por valor de casi 39 millones de euros.
Concretamente, Iturri, especializada en el ámbito de la salud, de las emergencias y la defensa, tenía 33 contratos vigentes con la Generalitat a fecha 31 de diciembre de 2021. En este caso, cuatro de las cinco adjudicaciones con los importes más elevados habían sido otorgadas por el departamento de Interior. Destacan dos adjudicaciones por valor de 16,5 millones de euros cada una relativas al suministro de 92 vehículos pesados para la DGPEIS y otros dos contratos de suministro por valor de 501.000 y 231.000 euros.
El servicio de mantenimiento, a la espera de una nueva licitación
Interior rescindió el contrato por el servicio de mantenimiento de vehículos objeto del proceso judicial e inició un nuevo procedimiento de licitación el pasado otoño, según ha explicado a Verificat el área de prensa del departamento. El proceso, sin embargo, se anuló antes de la adjudicación dado que dos de las personas que intervinieron pasaron a tener la condición de investigadas en el mismo caso, según explicaron a Verificat las mismas fuentes.
El presunto caso de corrupción llegó a los tribunales a raíz de una información reservada de Interior, que el exconsejero Miquel Sàmper elevó a la Fiscalía cuando estaba a punto de dejar el cargo. Tal y como ha confirmado a Verificat el departamento de prensa, la denuncia de los hechos, que habían ocurrido bajo el mando del propio Sàmper y de su antecesor en el cargo, desembocó en el actual proceso de instrucción. Un proceso en el que tanto el anterior como el actual director de la DGPEIS, junto con otros cargos públicos y el responsable de Iturri en Catalunya, están imputados.
Actualmente y a la espera de una nueva licitación, "Iturri presta los servicios mínimos y esenciales", asegura el departamento, aunque reconocen que, en algunos aspectos, como la tramitación de las ITV de los vehículos de Bomberos, la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones.
Más allá del caso que afecta a los bomberos de Catalunya, la empresa sevillana ya fue condenada en el 2018 por abonar comisiones a cambio de adjudicaciones en el Ayuntamiento de Telde (Islas Canarias), una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 10 de diciembre de 2020 (STS 670/2020). Además, el responsable de Iturri en Baleares y Cataluña, que ahora también está siendo investigado en el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, fue declarado culpable por emitir facturas falsas en otro caso en Palma de Mallorca hace cuatro años.
Los datos
Este artículo ha sido elaborado en base a la información sobre contratación de emergencia que está accesible en la web de contratación pública de la Generalitat de Catalunya y a los datos obtenidos por Verificat a través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP). Aquí podeis consultar la base de datos 1 con los contratos y la base de datos 2 con las prórrogas contractuales libradas a Verificat por la administración catalana.La lectura de los datos
Los datos obtenidos a través de la SAIP han sido facilitados por el departamento de Economía y Hacienda y hacen referencia a todos los contratos que Iturri tenía vigentes con la Generalitat de Catalunya a fecha de 31 de diciembre de 2021. Con todo, Verificat contactó con el departamento de Interior para confirmar la vigencia de dos contratos que habían sido rescindidos a Iturri con motivo de la causa judicial pero que aparecen en el listado librado. Interior confirmó que, efectivamente, no estaban en vigor y que su inclusión había sido un error, por lo que no se han contabilizado en el artículo.Evaluamos la respuesta a la solicitud
Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya: 84/100 Verificat ha evaluado la gestión que el departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya ha hecho de la Solicitud de Acceso a la Transparencia (SAIP) en base a la metodología desarrollada en un informe monográfico sobre esta cuestión y aplicado a los municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El departamento ha obtenido 84 puntos sobre 100, la segunda mejor calificación concedida hasta ahora por Verificat (la primera fue por la gestión que hizo el Servei Català de la Salut, también dependiente de la Generalitat). En este caso, la administración catalana ha entregado la información satisfactoriamente en fondo y forma y dentro de los plazos establecidos por ley. Además, el departamento respondió algunas dudas sobre la información entregada. La carencia de una notificación de recepción ha sido el único déficit detectado durante todo el proceso.
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