Transparència

Empresas imputadas por el caso 3% tienen contratos con la Generalitat por valor de al menos 115 millones de euros

Las empresas imputadas en el caso 3% y las mercantiles que forman parte de su entramado societario tienen contratos vigentes con la Generalitat de Catalunya por un valor de al menos 115,21 millones de euros. El auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata publicado el 30 de julio y que cierra la instrucción del caso de la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), imputa a varios políticos y empresarios, pero también a una fundación empresarial y 14 empresas.

Cinco de las 14 sociedades investigadas (Grupo Soler Constructora SL, Copisa, Ayesa Ingenieria y Servicios SA, Certis Obras y Servicios SAU y Benito Arnó e Hijos SA) y la Fundación ACS (también señalada al auto) suman a día de hoy 115,21 millones de euros en contratos vigentes con la Generalitat de Catalunya o con sus entidades y organismos dependientes, de acuerdo con una base de datos sobre adjudicaciones elaborada por el gobierno catalán que Verificat ha explorado. Estas sociedades están acusadas de dar apariencia de donaciones a pagos encubiertos al partido a través de fundaciones vinculadas a CDC a cambio de adjudicaciones, según el escrito del juez, que analiza 31 contratos entre el 2008 y el 2015.

La cifra solo incluye los contratos vigentes (a fecha de 1 de septiembre de 2020) de las empresas directamente imputadas y de las que Vertificat ha podido identificar como parte del entramado societario de estas seis organizaciones. Se trata de las empresas que operan con la misma denominación que aparece en el escrito del juez De la Mata, de sociedades filiales, de aquellas que forman parte de su mismo grupo empresarial o de Uniones Temporales de Empresas (UTE) donde participan.

Fundación ACS (a través de las empresas Clece Seguridad SAU, Grupo Cobra, Dragados SA) lidera el ranking con 59,03 millones de euros, seguida de la empresa Copisa (a través de su filial Copisa Constructora Pirenaica SA y tres UTE) con 42,77 millones de euros en contratos.

Grupo Soler con 7,69 millones de euros adjudicados, Ayesa con 3,23 y Certis con 2,47 millones completan la clasificación. Benito Arno e Hijos SA también aparece en este listado pero el único contrato que tiene en vigor lo firmó a través de una UTE donde también participa Copisa y que ya hemos contabilizado en el recuento de las adjudicaciones a esta multinacional.

En la base de datos también aparecen contratos de estas empresas por valor de más de 8 millones de euros, que caducaban entre enero y agosto de 2020. Verificat desconoce si se han prorrogado a causa de la pandemia de la Covid-19.

Emte y los Sumarroca: 169,31 millones en adjudicaciones

Emte y Emte Services, del grupo Comsa Emte creado por las familias Sumarroca (uno de los miembros de la cual también está imputado en el caso 3%) y Miarnau, consiguieron entre los años 2012 y 2013 contratos por valor de 169,28 millones de euros con la Generalitat de Cataluña. Entre las adjudicaciones, que finalizan a partir de finales de 2020, figura un contrato firmado con la unión temporal en la que participa Emte, por un valor de 166,65 millones. El contrato fue adjudicado por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat y vence este 1 de septiembre. Actualmente, la mayor parte del grupo Comsa Emte está en manos de la banca.

Xavier Mena, conseller de Empresa y Ocupación, anunció en 2012 la adjudicación a la UTE en la que participaba EMTE.

Los Sumarroca están señalados por el auto del juez de la Mata por las operaciones realizadas a través de su constructora familiar Teyco SA. Esta empresa no mantiene actualmente ningún contrato con el gobierno catalán ni como Teyco ni como Top Proyectos y Contratas, denominación que adoptó posteriormente.

Constraula Ingeniería y Obras SAU, también señalada en el auto, fue filial de Teyco hasta finales de 2015 y mantiene contratos con el gobierno catalán, pero todos fueron adjudicados después de su venta a Sorigué. Las adjudicaciones suman 7,82 millones de euros.

Por su parte, la investigada Urbaser, que fue vendida por el grupo ACS a Firion Investments SL el 2016, no aparece en este listado de empresas adjudicatarias con contratos vigentes. Sí que aparece su filial Sertego Servicios Ambientales que, este año, ha recibido una adjudicación menor, de 2.977 euros, por parte del Departament de Justicia.

Verificat no ha detectado ningún contrato relacionado con el resto de empresas involucradas en la presunta financiación ilegal de CDC: Impulsa Ortiz SL, Pasquina SA, Romero Gamero SA, Oproler Obras y Proyectos SLU (en liquidación). En el caso de Tec Cuatro SA, esta sociedad figura en dos contratos a través de dos UTE pero sin que conste ninguna asignación dineraria.

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